Tres meses después de que el presidente López Obrador denunciara uno de los más descarados y sucios negocios que el Borolas armó para sus “amigos” de la minoría rapaz, el gobierno federal reporta avances en contra de tales prácticas, informa sobre los procesos penales en contra de los “servidores públicos” que promovieron y permitieron tales enjuagues y detalla que, hasta ahora, la hacienda pública ha recuperado 2 mil 390 millones de pesos, con la perspectiva de que se incremente a 10 mil millones en lo que resta del sexenio.

Se trata de lo que en enero pasado el mandatario documentó: durante su estancia en Los Pinos, el nefasto Felipe Calderón, junto con Genaro García Luna, organizó un nuevo y jugoso negocio para sus “amigos”: la privatización de ocho centros penitenciarios, contratos leoninos incluidos, todos por adjudicación directa.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló lo siguiente en aquella ocasión: los contratos se firmaron en la época de Calderón. En los pasados nueve años, de las arcas nacionales salieron 75 mil 661 millones de pesos para tal fin; el monto pendiente por pagar en los años siguientes suma 190 mil 638 millones (los contratos estarán vigentes, en algunos casos, hasta 2032, 2036 y 2037). El costo total proyectado a 20 años es cercano a 266 mil 300 millones. Además, esos contratos obligaban al gobierno federal a pagar 100 por ciento a los beneficiarios privados, aunque no hubiera internos; es decir, como si los centros penitenciarios registraran lleno total, amén de que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia contractual (20 años renovables), se mantendrían como propiedad privada.

¿Quiénes se beneficiaron? Entre otros, Hipólito Gerard Rivero (cuñado de Carlos Salinas de Gortari), Carlos Slim, Exi Quantium (representado por Mario Gabriel Budebo, subsecretario de Energía de Felipe Calderón; también aparece Francisco Gil Díaz, secretario foxista de Hacienda), Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, y Black Rock, el de los fondos buitre.

Pues bien, en la mañanera de ayer, Rosa Icela detalló algunos avances concretos en este tema. Indicó que esos contratos representaban una sangría para el erario, pues se pagaba una cantidad equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas, o más, por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno (aunque el penal estuviera vacío). Por ejemplo, en 2020 el gasto resultó tan grande que 68 por ciento del presupuesto ejercido por Prevención y Readaptación Social se destinó al pago de los ocho contratos.

En los reclusorios privatizados hay casos en los que el volumen de ocupación es de 32 por ciento (como el Femenil de Morelos, de Carlos Slim), pero se pagaba como si estuvieran llenos. En promedio, el número de personas privadas de la libertad en los ocho centros penitenciario es de 61 por ciento.

El gasto por presidiario (exista o no) varía según el contrato, por ejemplo, en el penal de Sonora (de Exi Quantium, ahora manejado por ICA) el promedio es de 2 mil 640 pesos diarios, pero en el femenil de Morelos (de Carlos Slim) es de 6 mil 634. “A manera de ejemplo, el monto que contractualmente debemos pagar a estas empresas este año es de casi de 16 mil millones de pesos, pero gracias a los acuerdos establecidos, que se formalizarán en breve, se llevará a cabo el pago de 13 mil 543 millones en 2021. Al término de la administración, se generará un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos en estos cuatro años y, de acuerdo con cálculos, al finalizar la contratación el gasto se reducirá alrededor de 41 mil 496 millones”.

Además, declaró Rosa Icela Rodríguez, los centros penitenciarios se incorporarán a los bienes de la nación al concluir los contratos. “Aún hay procesos penales para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han causado un daño al patrimonio de México”.

Entonces, Felipe Calderón y Genaro García Luna deben ser reclusos en cualquiera de los ocho centros penitenciarios que privatizaron. Una sopa de su propio chocolate.

Las rebanadas del pastel

Luz verde en el Senado para la Ley de Hidrocarburos que combatirá la corrupción en distribución, almacenamiento y comercialización de petrolíferos, y sancionará a las empresas privadas que incurran en contrabando y robo de combustibles… Pero tranquilos: el siempre veloz juez Juan Pablo Gómez Fierro ya tiene los machotes para actuar en consecuencia.