Hay posiciones encontradas en el sector energético respecto de la nueva Ley de Hidrocarburos –aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles y ayer por el Senado– , pues algunos especialistas recomiendan a los diversos participantes particulares del mercado interponer amparos. En contraste, otros expertos consideran que no es una estrategia efectiva.

La legislación pretende combatir el contrabando de combustibles, así como poner orden en los permisos a las empresas comercializadoras, importadoras y de almacenamiento que no cuentan con la infraestructura necesaria, así como castigar el despacho de litros incompletos de gasolinas, mediante la suspensión o revocación de permisos.

Informes oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) muestran que el número de permisos otorgados a particulares para las actividades reguladas como comercialización, transporte, almacenamiento, distribución, venta al público, importación y exportación de hidrocarburos suman 33 mil 927, contra 207 permisos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Uno de los objetivos de la nueva normatividad es permitir a Pemex participar en el mercado en igualdad de condiciones regulatorias con respecto a los particulares y la inclusión de competidores fuertes que estén enfocados en el beneficio a los consumidores.

Por ejemplo, con la actual regulación derivada de la reforma energética del sexenio de Erique Peña, la CRE ha sujetado a Pemex a obligaciones como la aplicación forzosa de fórmulas de precios, con lo que se le dicta cómo vender y a qué precio.

Tampoco permite a Pemex ofrecer descuentos regionales cuando los privados los ofrecen y obliga a la empresa estatal a separar el contrato de franquicia, por lo que tiene que celebrar hasta cinco convenios para vender sus productos, como lubricantes y aceites, mientras otros agentes económicos lo realizan con un solo contrato.

Además, Pemex está obligado a publicar en el portal público de forma adelantada precios, descuentos y condiciones comerciales.

Así, la divulgación de su información comercial permite a los privados utilizarla como referencia para fijar precios dándoles ventajas competitivas.

En contraste, Pemex no cuenta con información comercial alguna de sus competidores.

El espectro de las posturas

Sobre la postura de algunos empresarios de interponer juicios de amparo, la analista líder en el sector de energía de la firma consultora internacional Deloitte, Valeria Vázquez, advirtió: “Probablemente solicitar un amparo en contra de toda la reforma y artículos no sea una estrategia tan efectiva o eficiente”.

En un evento vía remota, convocado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), explicó que, comparada con la Ley de la Industria Eléctrica, donde los ocho artículos modificados representaban un daño a la competencia, medio ambiente y un ataque directo a las energías renovables, la situación con la Ley de Hidrocarburos es distinta.

“Cada artículo habla de una figura diferente: almacenamiento, mercado ilícito, sesión de derechos y suspensiones.”

Por su parte, Sergio Quintana, especialista legal experto en petróleo y gas, recomendó a diversos participantes del mercado interponer amparos una vez promulgada la ley.

A su vez, el consultor Daniel Guerrero advirtió a todos los empresarios del sector revisar el estatus de sus permisos.

Al participar en un evento vía web, organizado por el Grupo Citta, que asesora a diversos grupos de gasolineros, ambos analistas alertaron a los empresarios que si hay incumplimientos con alguna otra autoridad (como impactos sociales y ambientales) la CRE puede suspender o revocar los permisos.