Enfrentado a un proceso de desafuero, así como a demandas por delincuencia organizada y lavado de dinero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, contrató un despacho de abogados en Estados Unidos, al que pagará mil 650 dólares por hora, para cabildear con funcionarios del gobierno y miembros del Congreso de aquel país con el fin de generar una percepción de que las acciones tomadas en México en su contra son irregulares porque se ha divulgado información confidencial.

La firma contratada por García Cabeza de Vaca fue Gerger He-nnessy McFarlane, con sede en Houston, Texas, según un registro público de los clientes extranjeros de despachos de abogados, que es obligatorio en aquel país.

Entre los casos que han llevado esos litigantes destacan la defensa de la petrolera BP por el derrame de petróleo en el Golfo de México de la plataforma Deepwater Horizon, en 2010; y otro, conocido como Estados Unidos vs. Ahmad, de 1996, en el que defendió que verter gasolina en un manto de agua no era un delito de “contaminación efectiva”.

Los presuntos delitos contenidos en las denuncias que se han hecho en México contra Cabeza de Vaca fueron cometidos, la mayoría, antes de que fuera gobernador de Tamaulipas. En el contrato con su abogado el mandatario proporciona como domicilio la casa de gobierno de Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República acusa al mandatario tamaulipeco de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Cabeza de Vaca hizo un depósito de 100 mil dólares a los abogados. David Gerger, uno de los dos letrados, cobrará 975 dólares por hora, y la abogada Ashley Kaper, de la misma firma, 675 dólares por hora.

El depósito de los 100 mil dólares fue hecho el 12 de abril de 2021 por Mariana Gómez García, nombre y apellidos que coinciden con los de la esposa de García Cabeza de Vaca, según el documento en poder de La Jornada.

Una de las tareas encomendadas al despacho de abogados es que en los círculos del gobierno y Congreso estadunidense permee la idea de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, hizo pública información proporcionada por el FinCen (oficina del Departamento del Tesoro que lucha contra los delitos financieros) en la sesión de la comisión de la Cámara de Diputados mexicana que analiza la procedencia de la solicitud de desafuero del mandatario tamaulipeco.

Esa sesión fue pública por decisión de la Sección Instructora creada para investigar el caso, que es presidida por el diputado morenista Pablo Gómez.

Fuentes de la UIF consultadas por este diario comentaron que el FinCen y otras autoridades estadunidenses entregaron la información y autorizaron que fuera compartida con autoridades competentes. Y, entre esas autoridades, mencionaron las fuentes, están la Sección Instructora que analiza la procedencia del desafuero y la Fiscalía General de la República.

Francisco Javier Cabeza de Vaca pidió la asistencia de este despacho para ponerse en contacto con el gobierno de Estados Unidos, y en particular con el FinCen, para discutir artículos en la prensa mexicana que presumiblemente contienen información confidencial que puede haber sido obtenida de esa oficina.

“Lo que quiere ganar (el gobernador) con esto son dos cosas: desprestigiar al gobierno mexicano y segundo, generar alguna duda respecto del manejo de la información cofidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera”, de acuerdo con fuentes mexicanas que participan en el proceso.

El despacho de abogados tiene como una de sus tareas ponerse en contacto con funcionarios del Poder Ejecutivo y posiblemente del Congreso para proporcionar datos al gobierno de Estados Unidos sobre la posible divulgación de información confidencial que haya aparecido en la prensa mexicana y para informar a esos funcionarios sobre las filtraciones y los daños resultantes.

El documento precisa que, además, los abogados “tienen la intención de comunicarse con representantes del gobierno de Estados Unidos por escrito y posiblemente por teléfono o en persona para educar a los funcionarios del Poder Ejecutivo y posiblemente al Congreso, para mitigar los efectos de la divulgación de información confidencial a la prensa mexicana y para desalentar y prevenir futuras divulgaciones”.