Algunos hablan de la captura del Estado a partir de las asociaciones público privadas o de la presencia creciente del Ejército.
En Nuevo León se ha inaugurado una tercera vía de la captura del hemisferio público del estado a manos del privado. Y esto bajo la apariencia de una organización ciudadana. Se llama Consejo Nuevo León (CNL). Lo integran 16 miembros con voz y voto, además del secretario técnico y asesores sin voto.
A ese consejo lo controla una fracción del que fue el oligárquico grupo empresarial Monterrey. Proviene del consorcio Femsa, la mayor embotelladora y comercializadora de Coca-Cola y representante de la trasnacional Heineken en el país. Su presidente ejecutivo, en un gesto golpista, ofreció 8 mil millones de pesos –otro tanto de lo que adeudaba en impuestos gracias a la complacencia de los gobiernos anteriores– para quitar del cargo a Andrés Manuel López Obrador.
Bajo el mando de los empresarios, este organismo presentó el Plan Estratégico 2030 y al evento convidó a testigos: organizaciones sindicales de las antes oficiales, representantes ciudadanos que no se han distinguido por cuestionar ninguna de las medidas del actual gobierno e instituciones educativas, en ninguna de las cuales se cultiva la crítica como parte inexcusable de la vida ciudadana.
Es un orgullo contar con un instrumento como este, dijo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, al encabezar el acto donde se presentaron los resultados del documento. Es el único en México, enfatizó.
En el aparatoso conjunto, se dijo allí, participaron más de 25 mil personas en la consulta vía encuestas y más de 600 representantes de 270 organizaciones en su elaboración. En su trayecto se desgranan siglas notables y seminotables: ONU, OCDE, CIDE, y algún nombre espectacular: el de la Nobel Amartya Sen. Pero sus líneas resultan tan generales que cualquiera de los candidatos a gobernador, sintetizándolas, podría utilizar sin arriesgarse a mayor compromiso.
En una gráfica, los autores incorporan, un tanto de pasada, algunos porcentajes: 52.7 por ciento de la población está satisfecho con el actual gobierno estatal; 41.9 percibe la tramitología como su mayor problema, y 58.2 ve el segundo en la corrupción.
En uno de sus anuncios se dice que “los consejeros ciudadanos presidentes de comisiones del Consejo Nuevo León trabajarán con los secretarios estatales que fungen como secretarios técnicos (sic) para elaborar estudios de interés del Estado, aterrizar planes y programas, así como monitorear y apoyar el cumplimiento de los planes estratégico y estatal de desarrollo”.
En 2014 aparece el Consejo Nuevo León, ya para seguir semejantes lineamientos con el gobierno –es un decir– de Rodríguez Calderón. Y con él se supone que se aplicaron las del primer plan estratégico.
Si de dar seguimiento a los proyectos clave, como se dice en el Plan Estratégico 2030 para Nuevo León, el consejo debió hacerla entre 2015 y 2020. Por lo que se ve, no trabajó cerca del gabinete. Tampoco dio seguimiento a nada. Esta ausencia debió hacerla pública. ¿O bien, sí realizó ese organismo tal tarea, hizo los señalamientos y evaluaciones correspondientes para corregir errores y fortalecer el plan y los programas que sus autores tradujeron al ejercicio de gobierno, pero el mandatario estatal no le hizo el menor caso? Esta situación contradictoria, con mayor razón, debió hacerla pública en rigor de ciudadanía crítica, y no sólo aplaudidora del gobierno cuyos actos supuestamente vigiló.
Lo otro es peor: el CNL y el gobernador y su equipo fueron cómplices, y por ello nada se supo de sus maniobras, despropósitos, opacidad, sobrendeudamiento, depredación y contaminación del ambiente en función de los negocios, caos vial, manejo de presupuestos contrarios a la salud de las finanzas públicas y sin dejar obra pública reseñable. El CNL no ha hecho, por lo demás, un balance mínimo de lo que significó su intervención en el gobierno. Hecho con espíritu autocrítico habría sido la traducción de un fracaso y no sólo del gobierno sino del consejo mismo.
Otra hipótesis más realista: no fue el gobierno formal de Rodríguez Calderón, sino que fue el Consejo Nuevo León el que realmente gobernó el estado. No hubo complicidad ni omisión. Fue subordinación del gobierno formal al gobierno real. La economía es política: en este caso, la de la propiedad más extensa y el mercado, en manos de un minúsculo grupo. Ambos definidos por el mayor lucro privado en detrimento del mayor beneficio común.
Ahora se entiende bien por qué el gobierno en vías de salida promovió rápidamente la Ley de Participación Ciudadana con el mismo bipartidismo que retrasó su aprobación por 12 años. Son 16 los únicos ciudadanos que participan en el gobierno.
Así, poco puede reprochársele a Rodríguez Calderón, que fue puesto para los reflectores y eventualmente los tomatazos e hizo de gerente de un consejo empresarial. Los cuestionamientos y juicios negativos deben ir dirigidos al Consejo Nuevo León.
