El ministro Arturo Zaldívar conseguirá hoy mantenerse dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el respaldo de Morena en la Cámara de Diputados, que decidió aceptar la ampliación de su periodo aun cuando la Comisión de Justicia no ha aprobado el dictamen respectivo.
La sesión para ratificar que Zaldívar continúe hasta 2024 al frente de la Corte, como ya aprobó la Cámara de Senadores el jueves pasado, será hoy junto con el debate de la Ley de la Fiscalía General de la República el otro tema a abordar por el pleno.
El martes, Morena impulsó por medio de su vicepresidente en la Mesa Directiva, Raúl Bonifaz Moedano, que en la reforma al Poder Judicial de la Federación se incluyera en el orden del día para el miércoles, no obstante como la sesión se alargó, el tema se agendó para hoy.
Con el denominado “voto ponderado” –que se da por el número de diputados por cada bancada–, Morena incluyó el asunto en el orden del día, a pesar de que la Comisión de Justicia no está citada para aprobar el dictamen respectivo.
Ante las críticas de la oposición, que cuestionó un albazo para beneficiar a Zaldívar, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, argumentó que es “práctica parlamentaria” la dispensa de trámites, e incluso atribuyó la postura de las otras bancadas a un interés electoral y de unas “infinitas ganas de retrasar el procedimiento”.
No obstante, PRI, PAN y PRD acusaron premura e insistieron que llevar al pleno la reforma sin respetar el proceso parlamentario y pasar por encima de las atribuciones de la Comisión de Justicia, constituye una maniobra para aprobar “a espaldas de la nación y en lo oscurito” un tema de tal relevancia.
Mariana Rodríguez, vicepresidenta de la mesa por el PRI, señaló que se trata de convalidar “un golpe de Estado, a través de ampliar la presidencia del ministro Zaldívar, algo nunca visto en México”.
La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho (PRI), explicó que en la reunión previa de este órgano de dirección legislativa, planteó que todos los procesos y procedimientos para la discusión de las reformas y leyes guarden fidelidad a los ordenamientos que las rigen.
“Y esto también tiene un ángulo muy importante, los procedimientos se pueden volver fuente de cuestionamiento que lleven incluso a una acción de inconstitucionalidad”, como ocurrió con la ley de seguridad interior, declarada inconstitucional porque el Congreso no tenía atribución para legislar en la materia y porque “la ministra ponente (Norma Piña) señaló que se violentó el proceso legislativo y había dejado en indefensión el indispensable debate parlamentario”.
