El caso de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es decir, la polémica prolongación de su estancia al frente del Poder Judicial de la Federación, no pudo ser procesado y resuelto ayer al vapor en la Cámara de Diputados, a pesar de los intentos de los directivos de Morena y sus partidos aliados.

Originalmente, e invocando el “voto ponderado”, que permite a los partidos asumir decisiones procesales en función del número de curules que representan, el morenismo pretendió que ayer mismo se sometiera a votación el tema de las reformas y adiciones a la Ley del Poder Judicial de la Federación, con su muy polémico artículo transitorio decimotercero que concede a Zaldívar el continuar en su asiento por dos años más, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

La premura inducida al morenismo de San Lázaro hizo que se intentara llevar al pleno dicho tema sin la usual participación de las comisiones legislativas de estudio y, obviamente, sin el dictamen correspondiente. El forcejeo entre promotores de legislar al vapor y los opositores a este proceso desembocó en la finalización de la sesión de diputados al filo de las 9 de la noche y la convocatoria para reanudar trabajos hoy a las 10 de la mañana, en espera del dictamen emitido por la comisión correspondiente.

La priísta que preside la directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri, dijo que, para procesar adecuadamente esos temas, ella y sus compañeros de mesa estarán dispuestos el tiempo que sea necesario (en días de este mes, desde luego).

Pero, en el supuesto de que Zaldívar acepte el encargo bienal, más político que jurídico, habrá de enfrentar una serie de incidencias complicadas.

Una primera circunstancia inédita se referiría a la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las previsibles inconformidades de quienes se oponen a ese alargue, por considerarlo violatorio de la Constitución. Claro que Zaldívar debería excusarse de participar en el desahogo de esas eventuales discusiones y votación en la Corte, justamente por ser una parte del conflicto.

En el terreno político, partidista y, desde luego, electoral, la figura del titular de uno de los tres poderes de la Unión aceptando ejercer un mandato ampliado, por encima de las disposiciones constitucionales del caso (en caso de que se cumplan las hipótesis antes mencionadas), será un pertrecho invaluable para los tiroteos políticos de una temporada de opositores enconados que no terminará en junio sino habrá de prolongarse hasta las elecciones presidenciales de 2024.

Zaldívar, por otra parte, estará más que nunca bajo el escrutinio público, pues sus movimientos y decisiones serán asumidos negativamente por parte del sector ciudadano que le ha tenido una confianza que ahora se sentiría traicionada si el abogado nacido en Querétaro 61 años atrás queda con la etiqueta 4T en la toga.

La tarea de depurar el muy corrompido Poder Judicial significará despidos, movimientos y, sobre todo, designaciones de nuevos funcionarios, lo cual provocará una guerra de facciones interesadas en instalar a los propios y el riesgo de que esa “purificación” quede solamente en el despido de perfiles ajenos para nombrar los afines a los poderes ahora dominantes.

Indicativo es que, al igual que había sucedido seis días atrás en los dominios monrealistas (es decir, los de Ricardo el del Senado, no los zacatecanos del hermano David, exhibido en una videograbación como manoseador de otra candidata morenista), en San Lázaro se recurrió a medidas especiales para preparar el terreno al mutante y (hasta ayer) enmudecido Rey Judicial Arturo.

En el Senado, el gran experto en tejemanejes legislativos, Ricardo Monreal, se sacó de la verde manga oaxaqueña a un senador propicio para dar un madruguete, mientras en San Lázaro el agradecido poblano Ignacio Mier promovió (fallidamente) llevar a la carrera al pleno de diputados los temas judiciales críticos. ¡Hasta mañana!

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