Santiago. El recalcitrante rechazo del presidente Sebastián Piñera a un tercer retiro de 10 por ciento de los ahorros para pensiones, reinstaló en la oposición chilena la idea de acusarlo constitucionalmente para destituirlo, al tiempo que resquebraja aún más el débil respaldo del oficialismo al gobernante, que va quedando aislado en la política y repudiado en lo social.
Una muestra de la desafección a Piñera se dio nuevamente ayer, cuando 26 diputados derechistas dieron su voto a favor de un impuesto a los “súper ricos”, aprobado por 105 diputados, cuya recaudación sería destinada a una renta básica de emergencia. De llegar a concretarse, gravará los patrimonios a partir de los 22 millones de dólares, probablemente en 2 por ciento. El gobierno lo rechaza, si bien dice que está dispuesto a discutir opciones tributarias.
El martes, apenas Piñera concretó su amenaza de ir al Tribunal Constitucional (TC) para bloquear el tercer retiro –que todo indica será aprobado este jueves en el Senado con votos oficialistas–, el izquierdista Frente Amplio acordó promover la acusación constitucional, a lo cual se sumó el Partido Socialista.
No es fácil lograr la aprobación, pues requiere de 78 votos de los 155 diputados en ejercicio y de dos tercios (29 votos) del Senado, donde el oficialismo tiene 15 de los 43 escaños.
Pero la obstinación presidencial caldea los ánimos y el clima social se deteriora. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una huelga general el 30 de abril y la Unión Portuaria de Chile anunció que avanzará a una “paralización progresiva” de las terminales. Los estibadores citaron datos de la revista Forbes dando cuenta del enriquecimiento de los millonarios chilenos durante la pandemia, entre ellos el de Piñera, cuya fortuna pasó desde 2 mil 60 millones de dólares a 2 mil 900 millones de dólares, lo cual “demuestra cómo la crisis ha perjudicado únicamente a los más pobres, situación que a este gobierno no sólo no le incomoda, sino que lo refuerza y machaca con decisiones como la de acudir al TC”.
Trabajadores piden destituir al presidente
La Federación de Trabajadores del Cobre llamó a su afiliados “a mantenerse vigilantes y permanecer preparados para movilizarnos en apoyo a las justas y necesarias demandas de la ciudadanía, por la total ausencia del gobierno, que se niega a otorgar protección a millones de compatriotas, en medio de la peor crisis económica del presente siglo”.
La noche del martes fue una jornada de caceroleo masivo en múltiples ciudades, municipios y barrios del país, acompañado de bloqueo de calles, barricadas incendiarias y ataques a comisarías. Algunos dirigentes advierten que si el bloqueo al tercer retiro se concreta, será la mecha de un estallido social, en alusión a la revuelta de octubre de 2019 y que la peste del Covid-19 logró soterrar.
Luis Messina, vocero de la Coordinadora de Trabajadores “No+AFP” (acrónimo de Administradoras de Fondos de Pensiones), publicó un video afirmando que “es necesario, preciso y urgente que el Congreso en uso de sus facultades destituya a Piñera, no podemos seguir bajo la tutela de un sujeto que está absolutamente desbocado en llevar adelante sus políticas contrarias a la gran mayoría”.
Pero el mayor abandono a Piñera viene por el lado de sus parlamentarios, que apoyan el tercer retiro, y que le advierten que los bonos y ayudas focalizadas, con requisitos de difícil cumplimiento y con montos por debajo de la línea de la pobreza, son insuficientes.
Cuando la semana pasada se aprobó el tercer retiro con 120 votos favorables en la Cámara de Diputados, 42 eran de parlamentarios opositores, apenas 19 votaron en contra. En el Senado se requieren 26 votos (3/5) de los 43 senadores, que se superan con los cinco derechistas que han comprometido su respaldo.
Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional y ex ministro de Defensa del mandatario, lo decía claramente ayer: “Creo que mi gobierno comete un error, creo que si el TC resuelve bloquear este proyecto el derrotado no va a ser la diputada, el diputado, el candidato o la candidata. Es la gente de clase media que no está recibiendo las ayudas del Estado o no le llegan en cantidad suficiente”.