Buenos Aires., La negativa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a acatar una resolución de la justicia federal –la única con potestad para intervenir en este caso–, ordenando la suspensión temporal de las clases presenciales como figura en un decreto del presidente Alberto Fernández ante la crítica situación sanitaria que está colapsando hospitales públicos y privados, es considerada como delito de “sedición” y un “alzamiento” contra el estado de derecho que puede generar graves consecuencias.
“Fuera de la ley”, fue el titular de Página/12 ayer, después de que Rodríguez Larreta, de la derechista Propuesta Republicana, rehusó acatar el fallo del juez Esteban Furnari, quien dejó sin efecto una resolución de un tribunal porteño que dispuso la continuidad de clases presenciales en esta capital y envió el expediente a la Corte Suprema.
Ante esta situación, los docentes realizaron un paro y en general abrieron las escuelas privadas, aunque muchos padres no enviaron a sus hijos.
El Hospital de Niños capitalino informó que hay 10 menores internados por Covid-19, dos en grave estado, mientras los directores de hospitales públicos advirtieron que la mayoría de los infectados son jóvenes. La opositora alianza Cambiemos llamó a un cacerolazo la noche del martes que sólo funcionó en los barrios donde viven los más ricos, o una clase media acomodada que no son la mayoría en esta ciudad, y automovilistas tocaron las bocinas.
El anuncio de que se iniciará la producción local de la vacuna Sputnik V, por un acuerdo entre los gobiernos argentino y ruso provocó una reacción de esperanza en diversos sectores sociales y también de gobiernos de países vecinos.
Para Cambiemos esto es un “golpe” inesperado y los medios masivos que se le son afines comenzaron su campaña de “guerra sucia” contra el gobierno de Fernández.
En este contexto, se abrieron causas contra Larreta por el delito de “sedición”, en las que se señala que en su carácter de jefe de gobierno se ha alzado para impedir la ejecución de las resoluciones del presidente, y se destacan los esfuerzos del jefe de gobierno para precipitar la debacle sanitaria y disparar la ola de contagios en la capital.
En tanto, en el tema de la “justicia adicta” que se transformó en una “mesa judicial” que montó una trama de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, la comisión bicamaral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso señaló en un informe que la articulación con el Poder Judicial “es una de las tres patas en las que se asentó el mecanismo de vigilancia y persecución descrito”. El otro sostén fue el mediático, agregó, y pidió investigar la connivencia entre servicios de inteligencia, periodistas y magistrados.
Afirmó que la Agencia Federal de Inteligencia intervino en 85 ex pedientes judiciales en causas utilizadas para interceptar comunicaciones con el argumento de que había “una amenaza contra la seguridad nacional”, lo que no existía.
No sólo se espió a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, sus funcionarios y familias, sino a organizaciones políticas y sociales y a otras personas, incluidos hombres y mujeres del macrismo, a los que creaban una carpeta para usar cuando lo necesitaran.
