Mexicali, BC., A propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez, del partido Morena, el Congreso de Baja California autorizó contratar un crédito de 3 mil millones de pesos y eliminar la autonomía de las fiscalías anticorrupción y la especializada en delitos electorales, que ahora dependerán de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En cuanto a la deuda, que comprometerá recursos públicos durante las siguientes cuatro administraciones, los diputados locales aprobaron que el mandatario estatal emita un decreto para que haga el trato con instituciones bancarias usando como garantía recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, provenientes del gobierno de México, conforme la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta autorización se da a siete meses de que Bonilla Valdez concluya su administración de dos años y se pagará en 20 años. La deuda de 3 mil millones de pesos aumentará a 5 mil millones con los intereses.
La mayoría de los legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) e independientes votaron a favor (19 votos); hubo cinco en contra y una abstención.
La solicitud del gobernador contó con el aval de una opinión técnica del auditor superior del estado, Jesús García. El dictamen señala que cuenta con la aprobación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La afectación de las aportaciones del fondo federal será de 25 por ciento y de 2.10 por ciento más de participaciones federales u otros ingresos a utilizarse como fuentes de pago directa y alternas.
El empréstito, según Bonilla Valdez, se destinará para concluir obras públicas y dar liquidez a la siguiente administración estatal; no obstante, la actual está obligada por la Ley de Disciplina Financiera a pagar, antes del 30 de mayo de 2021, créditos a corto plazo por 2 mil millones de pesos.
Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de Baja California, la deuda pública del gobierno del estado, sin considerar la de los ayuntamientos, es de 21 mil millones de pesos.
En tanto, también a propuesta del gobernador, el Congreso del estado eliminó la autonomía de las fiscalías especializadas en delitos electorales y anticorrupción para integrarlas como dependencias de la FGE.
El dictamen 86 fue aprobado con 19 votos de los diputados de Morena, PVEM y PT y cuatro en contra. La reforma modifica cuatro artículos de la Ley Orgánica de la FGE, hace adiciones a dos más y abroga las leyes orgánicas de las fiscalías anticorrupción y de delitos electorales, las cuales fueron aprobadas en esta Legislatura.
