México se encuentra entre los tres países de América Latina con la mayor concentración del ingreso en un porción mínima de la población. En el país, uno por ciento de la población más rica acumula 27.77 por ciento del ingreso nacional, reporta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Sobre la base de la World Inequality Database, que da seguimiento a la acumulación histórica de la riqueza, el organismo reporta que en Chile uno por ciento de la población más rica tiene 27.81 por ciento del ingreso de ese país y en Brasil esa proporción de millonarios concentra 27.61 por ciento.
En estas tres economías, que se consideran “las más avanzadas” de América Latina, el acaparamiento de la riqueza se encuentra por arriba del promedio de 24.64 por ciento de la región.
En el Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021, presentado ayer, la Cepal detalla que la desigualdad de México destaca en las propiedades y ganancias de capital; el coeficiente de Gini –indicador que va del 0 al 1 para medir las disparidades en una población y en la que los valores más altos implican mayor desigualdad– en la vivienda propia llega a 0.69 y en los contratos en casas de bolsa de personas físicas alcanza 0.78.
Al presentar el informe, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, expuso que las presiones de gasto a las que ha orillado el Covid-19, el alto endeudamiento de los países antes de la pandemia y su aumento, así como los altos intereses que se cobran a las economías en desarrollo apremian a una reforma integral de la arquitectura financiera internacional, al tiempo que se promueven mecanismos para aumentar la liquidez.
El primer paso para modificar esta estructura empieza con los programas tradicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Barcena explicó: sólo los recargos que se cobran afectan a 30 por ciento de los países que tienen algún crédito y estos recursos terminan siendo 50 por ciento de la capacidad de préstamo del organismo.
En ese sentido se necesita aumentar y redistribuir la liquidez desde países desarrollados a aquellos en desarrollo mediante la emisión masiva de derechos especiales de giro (DEG) y su reasignación de forma voluntaria a nuevos mecanismos, como un fondo fiduciario, pues este mecanismo no genera deuda, tiene tasas por debajo de las del mercado y no implica condicionamientos para los países, a diferencia de otros programas del FMI, que tienen “costos sociales muy significativos”.
Además de promover mayor liquidez, Bárcena mencionó como necesaria una reforma institucional a la arquitectura de la deuda multilateral, que a su vez contemple la restructuración con los inversionistas privados, incluya cláusulas de acción colectiva e introduzca al debate el papel de las agencias calificadoras de riesgo.
Dado que el crecimiento en 2021 no compensará la magnitud a la que cayó la economía en 2020, subrayó que se necesita visualizar el gasto público como instrumento de desarrollo y, como contraparte, se requieren mecanismos multilaterales de renegociación de deuda, e impuestos a la riqueza.
