Académicos mexicanos y estadunidenses, especializados en temas migratorios, llamaron a las autoridades de ambos países a tomar acciones para “evitar una crisis humanitaria” en la frontera, pues “las políticas de detención y deportación no disminuyen los flujos migratorios” y sí generan graves riesgos para la población en condición de movilidad.
En un pronunciamiento conjunto –promovido por investigadores de centros como El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez– un total de 83 expertos dieron a conocer una serie de recomendaciones para gestionar de mejor forma la llegada de población migrante a la frontera entre los dos países.
Una de las sugerencias es terminar con las restricciones impuestas por el llamado Título 42, que permite las expulsiones inmediatas a México de las familias solicitantes de refugio en Estados Unidos, ya que si se garantiza este derecho a las víctimas de abuso, se reducirían las necesidades de alojamientos y servicios para menores no acompañados.
Por otro lado, los investigadores recomendaron aumentar la capacidad de los centros de atención a migrantes y albergues en México y Estados Unidos, que sirvan como espacios-filtro donde puedan aplicarse pruebas de detección de Covid-19.
De igual forma, llamaron a establecer “mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional y entre autoridades de ambos países”, pues el intercambio de información “permitirá planificar y administrar los espacios disponibles en los centros de atención y albergues tanto del lado mexicano como del estadunidense”.
Una recomendación más es “recuperar la experiencia exitosa de la terminación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés)”, ya que de esta forma, los solicitantes de refugio pueden ser canalizados en México a instalaciones donde pasan una prueba de detección de Covid-19, rellenan sus formatos y luego son trasladados a Estados Unidos, donde hacen arreglos para llegar a su destino final.
Asimismo, llamaron a que las autoridades mexicanas garanticen que ningún niño, niña o adolescente (acompañado o no) sea detenido en las estaciones migratorias, pues “la detención masiva lleva a las personas a viajar en condiciones extremadamente peligrosas y está provocando un enorme costo humanitario”.
