No existe evidencia nacional ni internacional de que un registro como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, dispuesto en México, reduzca el delito, explicó en entrevista Lucas Gallitto, director de políticas públicas para América Latina en la Asociación GSM, organización que agrupa a empresas y operadores móviles en el mundo.
Más allá de los costos que implica una base de datos de tal magnitud, y los riesgos a la privacidad, el principal problema es que se vuelva un freno para la inclusión digital al limitar el acceso a servicios para 85 por ciento de los usuarios mexicanos que tienen telefonía e Internet móvil vía prepago, dado que estas líneas serían más propensas al robo y la usurpación de identidad, agregó.
El 13 de abril el Senado de la República aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México, minuta que salió de la Cámara de Diputados en diciembre pasado y que ya con el aval de todo el Congreso fue publicado el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador reciclaron el argumento con el que 10 años atrás se promovió el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut): que atar los datos personales a una línea telefónica ayudará a reducir algunos delitos, particularmente la extorsión.
La industria nacional y organismos de derechos humanos han recalcado que además del costo y las carencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones para tener a su cargo esta base de datos personales –ahora también con datos biométricos (huellas digitales, reconocimiento facial e incluso voz)– el proyecto implica violaciones a derechos humanos al saltarse la presunción de inocencia, repetir el fracaso que resultó el Renaut –durante el gobierno de Felipe Calderón– y abrir la puerta para la comisión de otros delitos, como la suplantación de identidad.
Gallitto respaldó todos estos argumentos, pero enfatizó que bajo el contexto de pandemia –en la que se ha marcado una brecha, tanto para el trabajo como en la educación, entre quienes tienen acceso a un servicio de telecomunicaciones– un padrón como el que ya está aprobado no muestra beneficios.
Destacó que aun cuando se vaya a un balance entre privacidad y seguridad, un padrón de usuarios de telefonía que implica la recolección de datos masivos no va acorde con una política de contención, cuando se ha documentado que menos de 5 por ciento de la líneas móviles sirven para la comisión de ilícitos. En su opinión, propuestas como ésta sólo representan la manera en que el Estado desvía sus obligaciones, “las están dejando en un tercero para tratar de suplir las fallas”.
El directivo de la Asociación GSM advierte que hay muchas maneras en que la delincuencia puede burlar la vigilancia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México, desde comprar tarjetas SIM en otros países para las que no exista el costo de roaming, hasta pasar a otras plataformas como Skype, desde donde se pueden recolectar imágenes para suplantar identidad para el reconocimiento facial.
