La cúpula empresarial recurrió a todo: chantajes, presiones, “no invertir ni un peso”, “pérdida masiva de puestos de trabajo” y mucho más, sin olvidar dos iniciativas congeladas 15 meses, por obra y gracia de Ricardo Monreal, y el descarado uso de sus cabilderos en el Congreso –disfrazados de diputados y senadores–, pero al final de cuentas no lo logró, y ayer el Senado dio el visto bueno a lo que mantuvo en el “limbo” desde diciembre de 2019: la iniciativa para reformar las leyes federales del Trabajo y del Seguro Social en materia de outsourcing.
La Jornada (Andrea Becerril y Víctor Ballinas) lo reseñó así: ayer, “con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma que regula la práctica conocida como outsourcing en el sector privado y en el público, con fuertes sanciones para los patrones que insistan en subcontrataciones ilegales y en la simulación en que se incurrió en los últimos años, la que lesionó a millones de trabajadores y provocó daños graves al fisco.
“Con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados. ‘Es una reforma de trascendencia histórica, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a los trabajadores y frenar una evasión cercana a los 500 mil millones de pesos al año’, dijo ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, al presentar el dictamen, en el que se prohíbe la subcontratación de personal, que sólo podrá darse en servicios y obras especializadas.”
Debieron transcurrir nueve años para que los trabajadores recuperaran sus derechos laborales, vilmente despojados por el Borolas Calderón y su pandilla para beneficiar, aún más, a la cúpula empresarial. Gracias a él, el outsourcing se expandió como la humedad y entre sus víctimas hay que contar al fisco y a las instituciones de seguridad social. Según la información del promotor de una de las dos iniciativas sobre subcontratación, el senador Gómez Urrutia (el otro es el presidente López Obrador), “entre las pérdidas causadas por el outsourcing ilegal se cuenta la evasión fiscal cercana a 500 mil millones de pesos a nivel nacional, y alrededor de 8 millones de trabajadores en este sistema de explotación que no deja de crecer. Sólo en el caso del IMSS se habla de más de 50 mil millones de pesos, que le harían muchísima falta a esa institución para sus programas nacionales de salud”.
El legislador presentó el dictamen de esa reforma (lo que ya había hecho en los primeros días de diciembre de 2019) en la que se establece que los patrones que actualmente tengan subcontratado a personal que realice labores sustanciales de su empresa tendrán un plazo de tres meses para regularizar la situación, una vez promulgada la reforma y a quienes insistan en el ilegal tercerización, incurrirán en defraudación fiscal, delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. En el caso del gobierno, el plazo es de un año.
Quien de plano tiene la cara más dura que el concreto es el senador Ricardo Monreal. Ayer tomó el micrófono y, sin sonrojarse, dijo que “ya era hora de que el Congreso interviniera” en el tema del outsourcing. Acomodaticio como siempre, el zacatecano apostó a la falta de memoria de los legisladores, en particular, y de los mexicanos, en general, en su intento por ocultar que fue precisamente él quien decidió –a nombre de la cúpula empresarial– congelar (4 de diciembre de 2019) la iniciativa de reforma presentada por Gómez Urrutia e hizo lo propio con la del presidente López Obrador (octubre de 2020).
¿Qué dijo el caballo de Troya Monreal cuando congeló las iniciativas? Que él “empeñó su palabra” con la cúpula empresarial y actuar en sentido contrario sería “faltarle al respeto” a los barones, a quienes “no se les puede tomar el pelo; los acuerdos (los suyos, desde luego, como garantizar el outsourcing) se respetan”. Pero ¡sorpresa!: hoy es feliz, porque “ya era hora de que el Congreso interviniera”.
Las rebanadas del pastel
¡Y ahora con ustedes”, el mismísimo juez Juan Pablo Gómez Fierro (el “justiciero” de las trasnacionales eléctricas), quien ahora concede “medidas cautelares” contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Entonces, ya saben: si se les perdió el perro o tienen algún problema, este personaje se los resuelve de inmediato.
