Guerrero es un polvorín. Más de 10 mil almas han huido de sus comunidades por la violencia del narco. Dejaron atrás casas, cosechas, animales y difuntos. Viven donde pueden, con todo tipo de precariedades, temiendo por su vida. Los criminales quieren el control absoluto de los territorios y recursos naturales.
Según el gobierno de la entidad, 14 grupos delincuenciales se disputan rutas, mercados, predios para sembrar estupefacientes y plazas para extorsionar. Han crecido de la mano de las autoridades de turno. Junto a sus pugnas caminan muertos, desaparecidos, torturados, desplazados y mujeres abusadas. Para centenares de miles de guerrerenses, la violencia es el pan nuestro de cada día.
La vida y seguridad de los luchadores sociales está en permanente peligro. Así ha sido, al menos desde 1960, pero ahora es peor. El trabajo sucio de eliminar opositores que antes hacían el Ejército y la policía ahora ha sido subrogado a las bandas criminales. Ellas se encargan de ejecutar y desaparecer, con absoluta impunidad, a ecologistas, defensores de los bosques, críticos de la minería a cielo abierto, líderes estudiantiles.
Si alguna vez estuvo en duda el que los niños de las comunidades rurales tenían eso que llamamos infancia, porque debían incorporarse al trabajo en los predios o a las labores domésticas, hoy ya no la hay. En comunidades como José Joaquín Herrera, 31 pequeños nahuas de entre seis y 11 años se vieron obligados a tomar las armas e integrarse a la Policía Comunitaria para defender su vida. Como modernos señores de horca y cuchillo, los sicarios de Los Ardillos, con importantes nexos con políticos locales. Para sobrevivir, los niños se tienen que volver hombres y aprender a embrazar fusiles y escopetas.
Ante ello, figuras como el abogado Vidulfo Rosales, defensor incorruptible de los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa desaparecidos, han levantado la voz para construir un camino hacia la reconciliación. En reciente escrito en que llama a desmontar el cacicazgo de la izquierda, lamenta que Morena, a pesar de contar con mayoría en el Congreso local, no hizo reforma alguna de gran calado. Más: abandonó legislar para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Vidulfo llama a elaborar un programa que ponga en el centro los grandes temas de la entidad: 1) verdad y justicia, 2) bienestar y 3) la construcción de la paz y el tejido social.
El licenciado Rosales nació en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en Guerrero. La región, mayoritariamente me’phaá o tlapaneca, se encuentra lejos de los grandes centros urbanos de la Montaña y la Costa y, durante muchos años, estuvo casi incomunicada.
Vidulfo es indígena y está orgulloso de serlo. Es el mayor de ocho hermanos y le tocó hacer el trabajo más duro en el campo. De la mano de su padre, aprendió a hacer surcos y a sembrar. Cuando estudió la primaria y la secundaria, su pueblo carecía de luz y carreteras. Para trasladarse a cualquier otra comunidad no había de otra que caminar grandes distancias. Desde entonces desarrolló una extraordinaria capacidad para tomar el pulso de la inconformidad popular.
Preocupado por la polarización que se vive en la entidad, por los agravios acumulados y el enojo social histórico, advirtió el inicio de un inminente e incontenible alud de inconformidad social en caso de que el INE sancione a Félix Salgado con el retiro de su candidatura a gobernador. La acción –escribió– provocará un clima de inestabilidad en Guerrero y movilizaciones cada vez más subidas de tono. “Muchos actores sociales –dijo– ya elaboran acciones de protesta para no permitir la instalación de casillas en la entidad.” Finalmente, llamó a dirimir diferencias en la arena de los comicios y no en la confrontación violenta.
La reacción contra Vidulfo no se hizo esperar. El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero arremetió contra él (https://bit.ly/3vcEk71). Lo mismo hicieron periodistas que en el caso de Ayotzinapa han defendido la “verdad histórica” hasta la ignominia.
La vida de Vidulfo ha estado permanentemente en riesgo. A raíz de su defensa de los familiares de los estudiantes de la Raúl Isidro Burrgos asesinados el 12 de diciembre de 2011, un grupo de pistoleros lo persiguió y baleó. Para proteger su vida abandonó el país y vivió en Estados Unidos y Costa Rica. Desde entonces, una y otra vez se han armado campañas en su contra.
Señalamientos contra Vidulfo, como los del ex gobernador Aguirre, llenos de calumnias y mentiras, son preocupantes. Cacique de la Costa Chica, él gobernaba Guerrero cuando se produjo la masacre de El Charco y cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Él no tiene autoridad para hablar a nombre de movimiento social alguno, como pretende.
Preocupado por la suerte de Vidulfo, el Comité de Padres y madres de los 43 salió a defenderlo. “Las difamaciones que –Aguirre– despliega contra nuestro abogado tienen el fin de desviar la atención, evadir su responsabilidad y lavar su imagen”, señalaron en un posicionamiento público.
Se puede o no estar de acuerdo con el análisis de Rosales sobre la coyuntura electoral guerrerense. Pero él tiene todo el derecho del mundo a externar su posición. Sabe de lo que habla. Conoce, como muy poca gente, el Guerrero bronco de abajo, como para que sus opiniones no sean consideradas seriamente.
Twitter: @lhan55
