Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó hoy hoy la minuta que regula la práctica conocida como outsourcing y la turnó al ejecutivo federal para su promulgación.

“Es una reforma de trascendencia histórica”, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a unos ocho millones de trabajadores y frenar una evasión cercana a los 500 mil millones de pesos al año, expuso ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia

Con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó, sin cambios, la minuta de la Cámara de Diputados en la que se establece que los patrones que actualmente tengan subcontratado a personal que realice labores labores sustanciales de la empresa tendrán un plazo de tres meses para regularizar la situación, una vez promulgada la reforma y a quienes insistan en el ilegal outsourcing, incurrirán en defraudación fiscal, delito grave, que amerita prisión preventiva oficiosa.

Las empresas outsourceras deberán, en ese lapso de 90 días, dar de alta en su nómina central al personal subcontratatado, darlo de alta al Seguro Social con los salarios reales y pagarles todas las prestaciones de ley, incluido el reparto de utilidades. En el caso de las entidades gubernamentales, el plazo es de un añño.

Ya era hora de que el Congreso interviniera, expuso a su vez el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mientras su compañero de bancada, Martí Batres resaltó que la modificación a ocho ordenamientos forma parte de las reivindicaciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para los trabajadores, a los que las administraciones del PRI y PAN explotaron y privaron de sus derechos.

“Le vamos a corregir lo plana a aquellos legisladores neoliberales que en 2012 le partieron la madre a los trabajadores”, señaló el también Morenista Casimiro Méndez, en referencia a la reforma laboral que prácticamente legalizó el outsourcing.

Otro senador de Morena, Germán Martínez Cázares, expuso que se acabará con “esquemas de avaricia, nomineros, factureros, ladrones, del esfuerzo de los trabajadores” y advirtió que con el outsourcing se defraudó al IMSS con 50 mil millones de pesos al año, cifra necesaria para comprar medicamentos y pagar al personal médico durante la pandemia.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes consideró también de gran reelevancia la reforma y señaló que confía en que ahora se haga justicia a los jornaleros agrícolas, también víctimas de exploración laboral.

El PAN votó a favor, pero demandó un plazo mayor de tres meses a los empresarios para regularizarse, a fin de que sea de un año, al igual que para el gobierno. La senadora Kenia López Rabadán presentó una reserva en ese sentido, durante la discusión en lo particular, pero fue rechazada.

En ese proyecto, que modifica ocho leyes, de entrada introduce cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT), y en su artículo 12 establece la prohibición explícita de “la subcontratación de personal”, ésta sólo podrá darse en caso de que una empresa requiera servicios u obras especializadas, como la de limpieza o de construcción.

Las empresas subcontratistas deberán inscribirse en un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de no hacerlo o en caso de negarse a las inspecciones de la autoridad laboral, serán multados con hasta cerca de 5 mil en este último caso y de 30 millones de pesos en el primero.

El senador Gómez Urrutia festejó esa reforma, que luego de dos años de lucha,

de enfrentar “campañas en contra desde afuera, y a veces hasta de adentro”, para tratar de frenar la regulación del outsourcing, finalmente se aprobó, insistió el el senador Gómez Urrutia.