Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma que regulan la práctica conocida como outsourcing en el sector privado y en el público, con fuertes sanciones para los patrones que insistan en subcontraciones ilegales y en la simulación en que se incurrió en los últimos años, la que lesionó a millones de trabajadores y provocó daños graves al fisco.

Con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados. “Es una reforma de trascendencia histórica”, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a los trabajadores y frenar una evasión cercana a los 500 mil millones de pesos al año, dijo ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, al presentar el dictamen, en que se prohíbe la subcontratación de personal, que sólo podrá darse en servicios y obras especializadas.

Gómez Urrurtia, quién recibió el respaldo de varios de sus compañeros, presentó el dictamen de esa reforma en la que se establece que los patrones que actualmente tengan subcontratado a personal que realice labores sustanciales de su empresa tendrán un plazo de tres meses para regularizar la situación, una vez promulgada la reforma y a quienes insistan en el ilegal outsourcing, incurrirán en defraudación fiscal, delito grave, que amerita prisión preventiva oficiosa. En el caso del gobierno, el plazo es de un año.

Ya era hora de que el Congreso interviniera, expuso a su vez el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mientras su compañero de bancada, Martí Batres resaltó que la modificación a ocho ordenamientos forma parte de las reivindicaciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para los trabajadores, a los que las administraciones del PRI y PAN explotaron y privaron de sus derechos.

“Le vamos a corregir lo plana a aquellos legisladores neoliberales que en 2012 le partieron la madre a los trabajadores”, señaló el también morenista Casimiro Méndez, en referencia a la reforma laboral que prácticamente legalizó el outsourcing.

Otro senador de Morena, Germán Martínez Cázares, expuso que se acabará con “esquemas de avaricia, nomineros, factureros, ladrones, del esfuerzo de los trabajadores” y advirtió que con el outsourcing se defraudó al IMSS con 50 mil millones de pesos al año, cifra necesaria para comprar medicamentos y pagar al personal médico durante la pandemia.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, consideró también de gran relevancia la reforma y señaló que confía en que se haga justicia a los jornaleros agrícolas, victimas de ese esquema de subcontratación.

El PAN votó a favor, pero adelantó que pedirá un plazo mayor de tres meses a los empresarios para regularizarse, a fin de que sea de un año, al igual que para el gobierno.

En ese proyecto, que modifica ocho leyes, de entrada introduce cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT), y en su artículo 12 establece la prohibición explícita de “la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición a trabajadores en beneficio de otra”.

La subcontratación sólo podrá darse en caso de que una empresa requiera servicios u obras especializadas, como la de limpieza o de constricción, pero no podrá, como ocurre en la actualidad, que una empresa minera contrate a una tercera para que se haga cargo de sus trabajadores mineros, que no dependen de quien es realmente su patrón.

En ese mismo artículo 12 de la LFT se precisa se regula a las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en los procesos de proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, quienes podrán seguir desempeñando estas tareas, pero en ningún caso se considerarán patrones.

Las empresas subcontratistas deberán inscribirse en un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de no hacerlo o en caso de negarse a las inspecciones de la autoridad laboral, serán multados con hasta cerca de 5 mil en este último caso y de 30 millones de pesos en el primero.

La reforma incluye modificaciones a la Ley del Seguro Social, con el fin de que todas las compañías obtengan un registro patronal en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la esa legislación en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, para realizar la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. Podrán solicitar uno o más registros, en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esa reforma que regulariza el outsourcing.

Las empresas que no lo hagan, serán dadas de baja por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que además está obligado a reportar a la autoridad laboral toda irregularidad que detecte en materia de subcontratación.

En el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación se establece que utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, constituyen el delito de defraudación fiscal y sus equiparables.