En las comisiones unidas de Energía y la de Estudios Legislativos Segunda, del Senado, Morena, PT y PES, aprobaron por mayoría y sin cambios la minuta de la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como propósito reforzar el control estatal en la distribución y procesamiento de hidrocarburos. Esta semana se discutirá en el pleno.
El grupo de contención, integrado por el PAN, PRI, MC y PRD, votaron en contra y argumentaron que esa reforma es inconstitucional, que pone barreras a la competencia y atenta contra derechos adquiridos por su retroactividad. El PVEM, votó abstención y refirió también que se afirma que esa modificación es inconstitucional por lo que debiera discutirse en parlamento abierto.
La reforma robustece también el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles, establece la cancelación de permisos a firmas expendedoras de gasolinas que vendan combustibles robados, de contrabando o de mala calidad; impone un almacenamiento “mínimo” de petrolíferos a las empresas participantes.
Prevé, además, la suspensión de permisos a los privados, a fin de garantizar los intereses de la nación o cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad o la economía nacional.
La presidenta de la comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu, aclaró que la minuta no propone extinguir la propiedad de ninguna compañía privada, eliminar las participaciones de los privados en el mercado nacional, ni transferir al Estado la rentabilidad o utilidad de las empresas.
Seguridad jurídica
Con estas modificaciones, precisó, se evitará el robo y contrabando de combustibles y se fortalece el marco regulatorio para que los inversionistas tengan certeza y seguridad jurídica, que se verán reflejadas en más inversiones en el sector, además de cuidar el bolsillo de los consumidores.
Durante la discusión en comisiones, el vicecoordinador panista, Julen Rementeria, aseveró que se trata de una “ley embudo, confiscatoria y expropiatoria. Se está instaurando en nuestro país la discrecionalidad, las facultades metaconstitucionales que le están dando a la Secretaría de Energía”.
La senadora priísta Claudia Ruiz Massieu sostuvo: “estamos ante una propuesta abiertamente inconstitucional, que no sólo es contraria al régimen de derechos, también minará la certidumbre para las inversiones creando condiciones desfavorables para la recuperación económica”.
