A la crisis sanitaria por el Covid-19 se ha sumado una grave problemática social en el mundo, íntimamente vinculada con la vulneración de los derechos humanos: la crisis migratoria, los flujos incesantes de las áreas rezagadas hacia los polos de desarrollo, como el incremento de los cruces irregulares, tanto en el río Suchiate en la frontera sur de nuestro país, como en la línea divisoria de México con Estados Unidos, en condiciones infrahumanas, incluidos niñas y niños, solos o acompañados.
El detonante de fondo: la violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y el incremento de la pobreza en los países de Centroamérica, especialmente en el llamado Triángulo Norte, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, y la regresión en los principales indicadores económicos y sociales en el propio territorio nacional, la involución en los parámetros que miden la generación de riqueza y la calidad de vida, comenzando por el deterioro en el poder adquisitivo del salario.
Otro factor de importancia capital en la migración irregular, indocumentada son los acuerdos de libre comercio suscritos por México con sus socios comerciales del primer mundo –Estados Unidos y Canadá para empezar– han incluido el libre intercambio de mercancías, pero no el libre tránsito de personas, ni siquiera en programas temporales y acotados, como sí ha ocurrido en otros mercados y regiones del mundo. Una globalización mercantil, sin rostro humano.
Es cierto que los acuerdos de libre comercio han propiciado el incremento de las exportaciones y la generación de empleo, favoreciendo a los sectores modernos y competitivos, pero a costa de importantes segmentos como el campo, y con millones de mexicanos fuera del círculo virtuoso de la generación de oportunidades. El éxodo de migrantes que hoy observamos en el primer trimestre del año así lo evidencia.
Para ilustrar el fenómeno con cifras e ir más allá del análisis doctrinario, baste decir que en mayo de 2019, en el pico más alto de la década, cuando la detención de migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos llegó a 144 mil capturas, el entonces presidente Donald Trump advirtió a México que si no frenaba la migración ilegal impondría aranceles a las importaciones provenientes del país, lo que obligó a enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para contener la migración. Ahora, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó oficialmente que las detenciones en su frontera sur, en marzo de 2021, fueron 172 mil, la cifra más alta en 15 años, según la agencia France Press.
En el balance del primer trimestre de 2021, según datos de la patrulla fronteriza, detuvieron a 74 mil migrantes en enero, poco más de 100 mil en febrero y los 172 mil de marzo. De ese universo, 147 mil detenidos eran de nacionalidad mexicana, la tercera parte del total, un aumento de 125 por ciento respecto del trimestre anterior. Del total de detenidos, 11 por ciento eran menores de edad.
En la proyección anual es un incremento de detenidos que no se veía en lustros y que, a juicio de expertos en la materia, podría terminar el año en niveles de finales de 2005, por encima de medio millón. Cambió el gobierno federal estadunidense, ahora hacia una administración que afirma estar comprometida con el respeto a los derechos humanos, pero la desintegración familiar por la migración proveniente del sur no sólo continúa, sino que se intensifica: la detención de familias en la frontera sur de Estados Unidos pasó de 19 mil 587 en febrero a 53 mil 623 en marzo.
Y lo más inhumano y crudo: ha habido un aumento descomunal de niños no acompañados en la frontera con México: 18 mil 890 detenciones en marzo de 2021, 100 por ciento más respecto de febrero, cuando hubo 9 mil 431. De ese universo, la cifra de niños mexicanos detenidos pasó de mil 890 en febrero pasado a 2 mil 452 en marzo. Unos 4 mil 500 menores aguardan en instalaciones de la Patrulla Fronteriza, que no están equipadas para detenciones a largo plazo, en donde algunos duermen en el piso. La difusión masiva del video de un niño nicaragüense de 10 años abandonado en un desierto de Texas, es sólo la imagen descarnada de un fenómeno creciente, que amenaza con desbordarse.
Como agravante, la política migratoria en Estados Unidos ha convertido a México en un país de destino para miles de migrantes que antes sólo transitaban por nuestro territorio, es decir, tenían una estancia temporal, perentoria. Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, pasamos de tener poco más de 2 mil solicitudes de refugio en 2014, a cerrar 2019 con más de 70 mil y, tan sólo en lo que va del primer trimestre de 2021, cerca de 22 mil.
Por eso es preciso consensuar, construir e implementar soluciones de fondo para encarar y resolver lo que ya se califica como una crisis migratoria, soluciones que involucren a los gobiernos de toda la región –expulsores y receptores– para crear las oportunidades de desarrollo, calidad de vida y empleo, que hoy cientos de miles buscan fuera de las fronteras nacionales.
Es imperativo pasar de los compromisos verbales, con una migración ordenada y humana, a las políticas públicas específicas y las soluciones concretas.
*Presidente de la Fundación Colosio
