La Cámara de Diputados aprobará mañana el proyecto de la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a las bancadas revisar el documento antes de presentarlo al pleno, ya que en aspectos centrales como la protección de intereses de las víctimas y la búsqueda de personas presenta regresiones.

En una opinión dirigida a los legisladores, a la par de que este lunes la Comisión de Justicia apruebe el dictamen, expresó su preocupación de que en el proyecto se “reducen significativamente las obligaciones que deberían emanar de una legislación de esta naturaleza”.

Cita, por ejemplo, que el nuevo artículo 45 de la ley orgánica incluye una cláusula de respeto a la autonomía de la FGR “que podría ser interpretada de modo que evada el efectivo cumplimiento de las obligaciones en materia de búsqueda de personas”.

Además, observa que en aspectos fundamentales de regulación de los derechos de las víctimas, modifica o elimina disposiciones vigentes y no incluye derechos ya reconocidos, relativos a la coordinación con las víctimas en la elaboración y ejecución de planes de investigación, información sobre actos de indagación previstos y programados, así como la intervención de peritos independientes.

Incluso, considera que con el texto se podrían trastocar derechos previstos en la legislación nacional y en los estándares internacionales sobre derechos humanos, además de colisionar con el principio de progresividad.

En el rubro de búsqueda de personas, la oficina del Alto Comisionado cita que las fiscalías tienen amplias funciones y herramientas imprescindibles para realizar una tarea efectiva.

Al respecto, pondera que se necesita la participación de las fiscalías para obtener información esencial que no puede hacerse directamente por las comisiones de búsqueda y que es indispensable a fin de cumplir con la localización.

Contiene equivocaciones

El proyecto también incluye errores, como el hecho de modificar el nombre de la desaparecida Procuraduría General de la República por el de fiscalía en lo que era la ley de imprenta, que ya fue derogada por la Cámara de Diputados en noviembre porque criminalizaba el ejercicio de la libertad de expresión.

En su misiva, el alto comisionado señala que “se debe impulsar la reforma de una ley contraria a las obligaciones internacionales de México y que está pendiente de discusión en el Senado porque envía un mensaje contradictorio respecto al compromiso con el fortalecimiento del marco legal en materia de libertad de expresión”.