Desde 2012, la Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) ha abierto 35 indagatorias por traición a las fuerzas armadas, delito que tipifica acciones de cooperación o protección a la delincuencia organizada, según consta en reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se trata de una conducta sancionada en el Código de Justicia Militar (CJM) desde noviembre de 2011, en el último año de gobierno de Felipe Calderón, que castiga hasta con 60 años de prisión a los elementos de las fuerzas armadas que se incorporen a la delincuencia organizada, les presten cualquier ayuda u omitan tomar acciones en su contra.

Según el reporte de Sedena, no fue hasta 2014 que se registró el primer caso de traición a las fuerzas armadas, y la incidencia se disparó en 2016, cuando se iniciaron 16 indagatorias.

Esto coincidió con el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando hubo mayor participación del Ejército en labores de apoyo a la seguridad pública. Ese año se desplegaron 3 mil 385 elementos de la Sedena en 142 bases mixtas, principalmente en Jalisco, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas.

En los últimos tres años se han iniciado nueve indagatorias por este delito. Los casos siguen abiertos.

Según cifras proporcionadas tras una solicitud de información pública, en las tres prisiones militares del país –Campo número uno de la Ciudad de México; en la III Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, y la tercera en Zapopan, Jalisco– hay 434 elementos castrenses presos, de los cuales 236 ya están sentenciados y 198 continúan en proceso.

El abogado César Mario Gutiérrez Priego, especialista en derecho militar, afirmó que litigar en los juzgados y tribunales castrenses ha cambiado para mejorar en los últimos años, gracias a la adopción del sistema acusatorio y a las audiencias videograbadas, pero, advierte, aún es complicado para los defensores ajenos a las fuerzas armadas.

Explica que estos juicios se rigen por sus propios códigos, ya que sus procedimientos son particulares, además de que hay que observar la disciplina y rituales propios de la milicia, incluyen el respeto y trato al grado de cada militar.

“En teoría no tendría por qué influir, pero yo he visto que un juez contento termina dando una resolución satisfactoria a diferencia de un juez molesto, y por cuestiones muy sencillas”, afirmó Gutiérrez Priego.

Pese a la especialización de su sistema judicial, ninguna de las universidades o escuelas superiores del Ejército tiene la carrera de derecho militar, por lo que la Sedena abrió en febrero una convocatoria para egresados de leyes que deseen ingresar al servicio de justicia militar.

Este servicio incluye un cuerpo de defensores de oficio, con el cual la Sedena defiende a todos sus elementos, en juzgados militares, federales o del fuero común, que son acusados de cualquier ilícito que pudieran haber cometido en el cumplimiento de sus deberes.