El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 16 de abril pasado ha recibido 484 quejas ligadas con la pandemia. Algunos de los hechos denunciados son la “divulgación pública de condición positiva de Covid-19 y condicionamiento o negación de la aplicación de la primera o segunda dosis de las vacunas.
Este año el organismo ha recibido cuatro quejas relacionadas con el acceso a la inmunización contra el SARS-CoV-2.
A través de la página web, en marzo un médico de Nuevo León, que padece asma, denunció que “no se le ha permitido el acceso a la vacuna”. En enero, dos médicas, una de la Ciudad de México y otra de Guanajuato, señalaron que pese a tener contacto con pacientes con Covid-19, se les había “negado el acceso a la vacuna de prevención”. Asimismo, en la Ciudad de México, una enfermera del sector privado que atiende a enfermos con Covid-19 presentó su inconformidad porque no había recibido la segunda dosis.
En estos casos el Conapred envió oficios a las instituciones solicitando el acceso de la persona peticionaria a la aplicación de la vacuna y en el caso de la enfermera el asunto se gestionó vía telefónica y mediante oficio para que recibiera su segunda dosis. En el caso del médico se solicitó la colaboración de la institución para que la persona peticionaria tuviera acceso al biológico.
En marzo, también una mujer trabajadora de una unidad médica de Veracruz presentó una queja, pues “labora en el área de lavandería de un hospital; tiene 63 años y diagnóstico de diabetes tipo 2, fibrosis pulmonar e hipertensión, por lo que solicitó que se la excluya de lavar ropa de pacientes Covid debido a que teme contagiarse.
En el último informe del Conapred se mantiene la tendencia, y la mayoría de las peticiones son de habitantes de la Ciudad de México (172), le siguen el estado de México (60), Jalisco (22) y Veracruz (23).
La mayoría de los quejosos son mujeres (254) y los señalamientos son sobre todo hacia particulares (302), hacia empresas y fábricas. Algunos de los reclamos principales se relacionan con la “obligación de trabajar estando en situación personal de riesgo (89) y forzar a trabajar de forma presencial (47).
