Con el proceso electoral como telón de fondo, y el consecuente maniqueísmo declarativo, mediático y en redes que las circunstancias alientan en los sectores más apasionados con las posiciones en juego (obradorismo y antiobradorismo), los problemas propicios para el atrincheramiento y la escisión se van multiplicando: la posibilidad de extender la estancia de Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial federal, la publicación en tarde de viernes del decreto que da el banderazo de salida a la pretensión de formar un padrón de usuarios de teléfonos móviles, la guerra política contra el grupo directivo del Instituto Nacional Electoral y la exigencia de restituir las candidaturas morenistas a dos gobiernos estatales, y los planes para el regreso a clases en semanas o meses próximos (aparte, desde luego, de la ya permanente discusión sobre la política sanitaria frente al Covid-19 y en específico sobre la adquisición y aplicación de las vacunas correspondientes).

La pretensión de mantener a Zaldívar al frente de la Corte y la Judicatura (para gestionar la reforma judicial, que implicará la posibilidad de nombrar y remover jueces, magistrados y otros cargos importantes) ha generado una reacción adversa proveniente no sólo del antiobradorismo.

Por ejemplo: el diputado federal Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada del partido en el poder y aspirante a la relección, tuiteó el sábado en la tarde: “Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora”. Tal posicionamiento generó molestia en cúpulas del poder y la advertencia de que las palabras de Gómez no son las de su bancada o su partido. Y este domingo, Porfirio Muñoz Ledo añadió su voz a las críticas en este tópico.

En cuanto a la aplicación de la letra legal que ya impone a los usuarios de telefonía ­mó­vil, también llamada celular, la obligación de entregar sus datos personales, entre ellos los biométricos, para la integración de un padrón, ha producido un amplio rechazo que devendrá en la presentación de solicitudes de amparo judicial (con un inmediato aprovechamiento del tema por parte no sólo de personajes opositores a Palacio Nacional, que están promoviendo “machotes” de amparo para difusión masiva) y de declaratorias de inconstitucionalidad (esto, también en el tema relacionado con Zaldívar).

Por otra parte, Morena presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones correspondientes a los casos de Raúl Morón y Félix Salgado, aspirantes a candidaturas a los gobiernos de Michoacán y Guerrero, respectivamente, que les fueron retiradas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El mismo partido promotor de la ­regeneración nacional, y sus brazos ­legislativos, están en búsqueda de instaurar juicios políticos contra los consejeros electorales que votaron en favor de sostener el retiro de las candidaturas mencionadas. A diferencia de los temas de Zaldívar y el padrón telefónico, en este punto hay más coincidencia general en la necesidad de corregir conductas irregulares del actual INE e impulsar una reforma política, lo cual ya ha anunciado Ricardo Monreal que se impulsará luego de los comicios de junio.

En los tópicos relacionados con el regreso a clases y la vacunación en curso contra el Covid-19, la discusión pública también se topa con la crispación política y electoral del momento. En general, en estos y los demás temas polémicos hay una clara propensión a buscar la polarización. Ya se verá si tal tendencia baja y se arrincona luego de la visita a las urnas en menos de dos meses o, por el contrario, ha sido solamente el preámbulo de confrontaciones mayores y de más larga duración. ¡Hasta ­mañana!

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