No puede ser distinto, porque son obscenamente cínicos. Resulta que a los priístas –siempre creativos, desde luego– se les ocurrió la brillante idea (justo en tiempos electorales, por mera casualidad) de proponer la reducción de la tasa al impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 10 por ciento, “para que los negocios salgan adelante, las familias puedan comprar con mayor facilidad los productos básicos y México crezca”. Algo así como la Roqueseñal, pero en sentido contrario. Se trata del mismo partido que impuso el IVA a partir del 1º de enero de 1980 (gravamen que sustituyó al impuesto sobre ingresos mercantiles), en el gobierno de José López Portillo, cuya tasa, a lo largo de los años y de la mano del PAN y otras menudencias, la subió sustancialmente (tanto como 60 por ciento), sin importar lo que ahora dice que le preocupa, es decir, “la defensa de los intereses populares”.
Esa es la brillante idea que el tricolor promociona en redes sociales y pregona que “el bolsillo de los mexicanos es lo más importante; por eso en el Partido Revolucionario Institucional proponemos disminuir (la tasa) el IVA de 16 a 10 por ciento. Eso significa que habrá productos más baratos para todos, lo que ayudará a que a las familias les alcance para más, a recuperar nuestra economía y a generar más empleos. Si quieres que esto se haga realidad vota PRI”. Y la otrora aplanadora se quedó fresca como lechuga.
De pena ajena, porque, tras décadas de destrozar el bolsillo de los mexicanos, disminuir sostenidamente el consumo de los hogares, encarecer los productos (con los de consumo básico en primer lugar) y masacrar el poder adquisitivo de los trabajadores, en el tricolor sueñan que con la “nueva” campaña propagandística en redes obtendrá algunas tortillas duras disfrazadas de votos en las elecciones del próximo 6 de junio. Y la propuesta tricolor invita a reactivar la memoria, pues justo por estas fechas, pero de 1995, la mayoría priísta en el Congreso aprobó subir de 10 a 15 por ciento la tasa del IVA, es decir, 50 por ciento de un plumazo, en medio de una crisis feroz que destrozó a las familias, porque ello formaba parte de la “estrategia de ajuste macroeconómico” de Ernesto Zedillo, a la sazón inquilino de Los Pinos, quien por un lado exprimió a los mexicanos y por el otro “rescató” a los barones (recuerden el Fobaproa).
En el recuento, la aplicación del IVA inició el 1º de enero de 1980, y la ley original (publicada en diciembre de 1978) establecía una tasa general de 10 por ciento, sin gravar alimentos. Pero la tecnocracia se instaló en Los Pinos, y Miguel de la Madrid subió 50 por ciento la tasa general (de 10 a 15 por ciento), aplicó una de 6 por ciento a medicinas de patente y alimentos no considerados en la canasta popular, y otra de 20 por ciento a los artículos de lujo. A partir de 1991, transcurrida la mitad de su administración, Carlos Salinas de Gortari redujo a 10 por ciento la tasa general del IVA desgravó alimentos y medicinas y suprimió la tasa aplicable a los artículos de lujo. Sin embargo, en abril de 1995 Ernesto Zedillo de nuevo “provisionalmente” aumentó la tasa a 15 por ciento (recuérdese la Roqueseñal).
A partir del 1º de enero de 2010 Felipe Calderón la elevó a 16 por ciento, aumento que calificó de provisional (temporalidad que acumula 11 años) y allí se quedó, aunque en ambos casos (y no por su gusto) se evitó aplicar el gravamen a medicinas y alimentos. Para ello contó con el apoyo priísta, siempre y cuando (esa fue la moneda de cambio) el PAN asumiera el costo político de la decisión. Vicente Fox intentó aplicar IVA a medicinas y alimentos (un reformón, decía), con la promesa de que a los mexicanos más desamparados ese dinero fiscal se les regresaría copeteado. Pero fue tan cretina la propuesta que hasta sus más cercanos la desecharon. Y Peña Nieto pretendió lo mismo, aunque, tras un sondeo, finalmente se abstuvo. Pero hoy el tricolor se dice “muy preocupado” por el bolsillo de los mexicanos. Qué cara más dura.
Las rebanadas del pastel
No hay vuelta de hoja: el regreso a clases presenciales sólo se dará cuando estudiantes y maestros sean vacunados, y el retorno sea 100 por ciento seguro. En esto no caben experimentos y menos chantajes políticos.
