La desaparición forzada de al menos 45 personas, presuntamente por elementos de la Marina en Nuevo Laredo en 2018, por la cual la Fiscalía General de la República detuvo a 30 uniformados, “no es el único abuso” cometido en dicha ciudad tamaulipeca a manos de fuerzas de seguridad, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
El organismo documentó que desde hace una década han ocurrido diversos episodios de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incluso desplazamiento forzado interno, cuyos responsables habrían sido tanto la Marina como el Ejército, la Guardia Nacional y la policía del estado.
Uno de los primeros casos documentados por el colectivo fue la desaparición de seis personas en la ciudad fronteriza, supuestamente por elementos de la Secretaría de Marina entre el 2 y el 5 de junio de 2011, lo cual ameritó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 39/2012.
Después, en 2013, nuevamente la Armada de México fue señalada como presunta responsable de llevar a cabo la “detención arbitraria de decenas de ciudadanos”. Entre julio y agosto, seis de estas personas fueron víctimas de desaparición forzada.
De nuevo, en julio y agosto de 2015, el CDHNL documentó cuatro desapariciones más, y entre febrero y mayo de 2018 se registraron por lo menos 45 desapariciones en la misma ciudad, las cuales son atribuidas por los familiares de las víctimas a elementos de la Armada de México.
Pero no sólo la Marina ha sido señalada por abusos graves en Nuevo Laredo. Como informó este diario en su momento, desde noviembre de 2019 y hasta marzo de este año, los elementos del 21 Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían sido responsables de “por lo menos 12 ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados”.
También, el pasado 8 de abril un empleado aduanal que circulaba en su camioneta y una vendedora ambulante resultaron muertos cuando elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego “en pleno centro de la ciudad, alrededor de mediodía, en el marco de lo que al parecer se trató de una persecución contra un vehículo”.
Otra violación grave de derechos humanos fue en enero de este año en Ciudad Mier, en el mismo estado, donde unas 30 familias se vieron obligadas a huir de sus casas luego de que fueron amenazadas y agredidas por agentes de la policía estatal y del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas.
