En la búsqueda de sus familiares desaparecidos, “somos muchas madres las que hemos enfermado en este camino de tanto dolor”, con padecimientos graves como cáncer, hipertensión y diabetes; sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sigue negándose a atender sus males, con el argumento de que “no tienen relación con el hecho victimizante”.

Durante una reunión, hace unos días, con Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sandra Luz Jaimes, Araceli Salcedo y María Esther Montero narraron cómo la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos les provocó enfermedades que han perjudicado seriamente su calidad de vida.

En el encuentro, Salcedo, madre de la joven Fernanda Rubí desaparecida en septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz, dijo que hace un año le diagnosticaron cáncer en la garganta en su etapa más avanzada, y aunque “toqué puertas y grité desesperada, se me negó la atención” por la CEAV.

“No nada más soy yo y mis compañeras presentes: son muchas madres las que han enfermado en este camino de tanto dolor por la búsqueda de sus seres queridos”, subrayó la activista y agregó que pese a su condición, las familias no pueden detenerse. “Todos los días andamos en diligencias. Ayer anduvimos en fosas clandestinas, en la recuperación de restos de dos cuerpos. Los oncólogos me dicen que no vaya, pero si no ayudo a esas familias, ¿quién lo va a hacer?”

En tanto, Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en octubre de 2012, en Iguala, Guerrero, mencionó que en 2017 le diagnosticaron cáncer de mama en etapa dos, por lo que le hicieron una operación ambulatoria, pero aun no se le ha atendido una lesión en la espalda derivada de una acción de búsqueda. “Tuve una caída de seis metros y se me hicieron dos hernias discales. Ya no tenía movilidad y con el apoyo que la CEAV me da, sinceramente no voy a poder (tomar terapias de rehabilitación)”, lamentó.

María Esther Montero, madre del marino Paolo Cano, desaparecido en octubre de 2010 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lamentó que tras la muerte de su esposo –también por cáncer–, la CEAV le retiró el apoyo de canasta básica y alojamiento, por lo que ha sido más complicado enfrentar sus problemas de salud.