Río de Janeiro. En 1996, el 17 de abril fue miércoles. Al atardecer de aquel día una marcha que reunía a más de 2 mil personas –jóvenes, mujeres, hombres, niños y ancianos– fue blanco de fusiles y pistolas de la Policía Militar del estado de Pará, en la región amazónica.

Diecinueve murieron en el acto y días después dos más en hospitales. Decenas fueron heridos, muchos de ellos quedaron con deformaciones permanentes. La de Eldorado do Carajás fue la peor masacre campesina de la historia contemporánea brasileña y la peor catástrofe padecida por el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

La marcha empezó días antes, en el sureste de Pará, para reivindicar tierras improductivas de la hacienda Macaxeira, que, a propósito, había sido ocupada ilegalmente por una familia de latifundistas.

La idea era avanzar hasta Marabá, la ciudad más importante de la región, y entonces un grupo menor iría hasta Belém, capital del estado, para presionar al gobernador.

Al llegar a Eldorado, pidieron comida. Luego de la negativa por parte del gobierno, decidieron interrumpir el tránsito en la carretera que une a varios municipios.

Aunque causó mucho ruido local, la verdad es que la marcha de los Sin Tierra era ignorada por el resto del país. A raíz de la masacre, se hizo conocida no sólo en Brasil, sino también en buena parte del mundo, y el 17 de abril pasó a ser el Día Mundial de la Lucha Campesina.

El entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso, determinó que se diera todo el apoyo a los sobrevivientes. Los tribunales decidieron actuar: en poco más de un mes se determinó la expropiación del área reivindicada, que pasó a ser propiedad de los Sin Tierra.

Allí se estableció la Villa 17 de Abril. Sus poco más de 2 mil habitantes, la mayoría sobrevivientes de la masacre de hace 25 años, plantan arroz, maíz y frijoles, pero la producción más fuerte es la de leche, que abastece a las ciudades vecinas.

Todavía se pregunta qué llevó al entonces gobernador, Almir Gabriel, muerto en 2013, a instruir a su secretario de Seguridad que ordenase la liberación de la carretera “como sea”. Y se denuncia la acción de los policías militares, que llegaron para matar: un pelotón se puso al final de la manifestación, otra a la cabeza, y empezó la balacera.

Gabriel seguramente fue presionado por los latifundistas. La cuestión es saber por qué cedió.

En relación con la Policía Militar, actuó como sigue actuando por todo el país cuando hay movimientos de reivindicación de tierras ociosas u ocupadas de manera ilegal, ya no sólo por latifundistas, sino a partir de los pasados 10 o 12 años por grandes empresas agrarias. En los días en que no trabajan, prestan servicio de seguridad privada a los estancieros y empresarios. Son una amenaza permanente a las movilizaciones populares.

Pasados 25 años, ¿qué cambió en la cuestión agraria brasileña? Muy poco. La justicia, como siempre, siguió actuando con enorme lentitud a la hora de legalizar los “asentamientos” de los Sin Tierra.

Brasil sigue siendo un país de injusticias sociales olímpicas: uno por ciento de los propietarios rurales detentan 60 por ciento de las tierras.

Si los latifundistas perdieron poder y espacio para grandes empresas, principalmente en el área de minería, que devastan amplias áreas, y en muchas de ellas los Sin Tierra esperan una decisión judicial que no llega nunca para instalarse y empezar a plantar.

Los beneficiados de siempre se benefician cada vez más, mientras los abandonados de siempre son mantenidos al margen y a la distancia.

El MST, a su vez, salió de la tragedia para transformarse en uno de los mayores productores de alimentos orgánicos del país. Es, por ejemplo, el que produce la mayor cantidad de arroz orgánico de América Latina. Son 400 mil familias ya asentadas en tierras reivindicadas, y hay otras 140 en espera de que los tribunales se acuerden de ellas.

La llegada de Michel Temer a la presidencia en 2016, luego del golpe institucional que derrumbó a la presidenta Dilma Rousseff, fue un duro retroceso en la cuestión agraria.

Y el arribo del ultraderechista Jair Bolsonaro en 2019 fue el funeral para cualquier vislumbre de reforma agraria. El mandatario, a propósito, siempre ha tratado al MST como “organización terrorista”. No ha avanzado más contra el movimiento porque está demasiado empeñado en hacer de su gobierno un instrumento de alta eficiencia para destruir el medioambiente y favorecer a la industria minera.