A los riesgos económicos que enfrentarán los estados durante 2021 y 2022 por la caída en los ingresos, se suma el de los fondos de reserva para pensiones que, o ya se agotaron o están por hacerlo y que implican una presión adicional a las finanzas públicas locales.
De acuerdo con HR Ratings, una firma de calificación de deuda, de momento en los estados que califica y que están por tener comicios en el próximo junio, al menos Baja California, Chihuahua, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas tienen algún problema con las pensiones de sus trabajadores o hay la necesidad de reformas parámetricas, las cuales pueden contemplar el retraso de la edad de jubilación, prolongación de la vida laboral o modificación de los periodos para calcular el monto para el retiro.
Detalló que en Baja California la mayoría de los municipios, con excepción de Tijuana y Mexicali tienen adeudos con el sistema de pensiones que administra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecalli).
Dicha situación dificulta la operación del instituto “comprometiendo no sólo la temática de las pensiones, sino incluso la provisión de los servicios de salud”, lo que se ha paliado con inyecciones de recursos estatales que reducen el margen fiscal. En este punto la calificadora recalcó que será necesario un cabildeo técnico y político para lograr una reforma en el cálculo de pensiones, que proporcione viabilidad financiera.
En Chihuahua el sistema se reformó hace poco, cuando el previo agotó sus reservas actuariales, pero aún así las pensiones de las generaciones anteriores a la modificación implican transferencias directas que salen del gasto corriente del estado.
También Colima hace poco formó un organismo público descentralizado para el pago pensiones, pero para las generaciones que se jubilaron previo a esa institución, el Estado deberá seguir realizando inyecciones de capital de su gasto corriente.
HR Ratings expuso que, por otro lado, Nuevo León fue uno de los primeros en reformar su esquema a uno similar al del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Si bien en esos momentos el contar con un sistema de cuentas individualizadas ayudó a darle durante mucho tiempo viabilidad al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Issteleon), lo cierto es que si no se incrementan las aportaciones se observarán pensiones muy bajas para el trabajador”, reconoció.
En San Luis Potosí hay cuatro sistemas internos para el retiro: burocracia, magisterio, telesecundaria y personal del sistema de pensiones, pero se prevé que los recursos para el pago de la burocracia se agotarán en 2026, y en 2032 los del magisterio; ambos son los de mayor afiliación. En ese sentido, la calificadora recomienda que la administración entrante haga una reforma paramétrica para evitar que los retiros se vuelvan una presión financiera a mediano plazo.
Lo mismo sugiere para el sistema de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Zacatecas (Issstezac). De acuerdo con el más reciente estudio actuarial, con cifras de 2018, la reserva para el pago de pensiones en ese estado se agotaría en 2029, “tiempo necesario” para una reforma.
Esta revisión ya no funciona en Sonora, pues la reserva para el pago de pensiones se agotará en 2021. Anteriormente, no se reportaban aportaciones extraordinarias, no obstante, el desembolso promedio anual podría rondar los mil 900 millones de pesos para el periodo de 2021 a 2025, una presión adicional al gasto del estado.
