Hugo Aboites, en texto reciente en este periódico, dio a conocer la situación de un grupo de 50 profesores-investigadores, con décadas de servicio en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que se acogieron en octubre de 2018 a un plan de jubilación propuesto por la rectoría general, denominado, eufemísticamente, de Renovación de la Planta Académica, y que se concretó en un acuerdo firmado que otorga una aportación vitalicia mensual por parte de esa prestigiada institución de educación superior (https://www.jornada.com.mx/2021/04/10/opinion/014a2pol).
Recientemente, las mismas autoridades que inauguraron este programa, con emotiva ceremonia de reconocimiento merecido a las y los docentes por “la invaluable contribución, durante el tiempo que prestaron sus servicios, al desarrollo y consolidación de esta casa de estudios”, pretenden suspenderlo unilateralmente, provocando el desconcierto y la sorpresa de quienes, en ese momento, confiaron en la palabra de la máxima autoridad universitaria. Los profesores investigadores han manifestado, en carta abierta al rector general, doctor Eduardo Peñaloza Castro, su absoluto desacuerdo e indignación por esta decisión ilegal y arbitraria, toda vez que afecta derechos vitalicios otorgados y reconocidos por la autoridad, a través de documentos firmados. Sostienen que los derechos adquiridos son irrenunciables y, sobre todo, irrevocables. Aseguran que las circunstancias y los imponderables que se aducen no son imputables a los trabajadores; no justifican esta decisión precipitada por parte de la autoridad, que está obligada a resolver con antelación los requerimientos legales y financieros de sus propuestas y, en todo caso, nunca atentar contra los derechos y la dignidad de los trabajadores universitarios.
Destacan que ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva. Por ello se podría entender que el programa no continúe, pero de ninguna manera justifica que se cancele para los miembros de la comunidad que optaron por jubilarse en las condiciones del acuerdo 14/2018 del rector general (https://cutt.ly/KcMx1LA). Una decisión que implicó una transición radical en sus vidas, un significativo ritual de paso.
A las razones aducidas por la autoridad para suspender el programa, todas cuestionables, habría que agregar las denuncias en los espacios sindicales en torno a la transparencia en el uso de los recursos de la UAM, como sobresueldos y compensaciones para las autoridades, bonos al dejar los cargos, contratación de personal de confianza, en contraste con la suspensión de la apertura de plazas, y, sobre todo, en particular, las autoridades no consideran los ahorros que ha implicado para la UAM la jubilación de 50 profesores en la plenitud de sus respectivas carreras, en cuanto a salarios de los niveles más altos, las primas por antigüedad, que en este grupo superaba 25 mil pesos vitalicios que prometía cumplir el programa, así como las becas y los estímulos, también en las categorías superiores.
Los académicos agraviados consideran que esta medida afectaría a la universidad en su conjunto, en múltiples ámbitos, pero, particularmente, en el referente a la renovación de la planta académica, y plantean, con toda razón: “¿Quién se atreverá a jubilarse, si la autoridad no cumple con sus propias propuestas, decisiones y acuerdos? ¿Cuál es el futuro para las jóvenes generaciones que las universidades están formando?”
Asimismo, rechazan el trato ofensivo de las autoridades de la UAM, que de manera injusta y súbita notificaron “la necesidad de realizar algunos ajustes al acuerdo”, llegando incluso a negarse a entregar un directorio de los participantes del programa para establecer una obligada y urgente comunicación entre todos sus integrantes, optando siempre por establecer la comunicación individual, enviar documentos sin membrete ni firma, todo ello, inadmisible en una universidad que, suponen, es referente de valores éticos.
Ante la negativa de retractarse, según consta en la comunicación de las autoridades hecha pública el 9 de abril, los académicos sostienen que no aceptan la suspensión del programa, condición inexorable para que la universidad proceda, y señalan: “Nos dejan sólo el camino de la resistencia, de concitar la solidaridad de nuestra comunidad universitaria, y de todas las comunidades universitarias y de educación superior hermanas, así como hacer uso de los recursos legales vigentes para defender nuestros derechos como trabajadores universitarios”. Digna entereza ante el poder vertical, los hechos consumados y las decisiones inapelables en un espacio de estudio, reflexión y formación de generaciones con pensamiento crítico frente a un futuro incierto.
“Casa abierta al tiempo” es el lema de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Será el tiempo de la palabra como compromiso ineludible o el tiempo del desacato burocrático?
Sin duda, la comunidad universitaria tiene la palabra.
