La apertura de las actividades que el gobierno federal consideró esenciales –como la minería– llevó a que, en las comunidades donde se realizan, trabajadores y habitantes se contagiaran de Covid-19 y enfrentaran dificultades para su atención por la imposibilidad de obtener servicios de salud, la ausencia de médicos y fármacos en las localidades, e incluso no pudieron recibir cuidados por enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, denunciaron organizaciones sociales.
La reactivación de actividades mineras implicaba el riesgo de contagio para los trabajadores y sus familias, el gobierno lo sabía y “tenía que prepararse, tener tanques de oxígeno, médicos para atender a los pacientes Covid con los tratamientos adecuados”, dijo Francisca García, del Comité de Cuenca del Río Sonora, habitante de la región afectada por el derrame en 2014 de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México.
En 2020, Grupo México incrementó sus ganancias, pero los habitantes de las comunidades en Sonora debieron enfrentar los retos de la enfermedad y, con sus propios recursos, pagar los tratamientos, recordó García durante su participación en el video-foro A 12 meses de la emergencia: ¿Cómo avanzamos para construir una nueva normalidad justa y equitativa?, con el tema Megaproyectos, diagnóstico y territorios, al que convocó el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.
Javier Bautista, de Aura Investigación Estratégica, precisó que la minería en la Bolsa Mexicana de Valores creció 50 por ciento y puntualizó que el año pasado, en el contexto de la pandemia, mientras las comunidades “se resguardaron en su comunidad, los proyectos siguieron avanzando, las minas, la construcción de carreteras, y no han parado”. Asimismo, apuntó que 88.2 por ciento de la población indígena y campesina carece de seguridad social.
Bautista explicó que se han realizado monitoreos para conocer la situación de las comunidades y se encontró que el Covid es un vector que profundiza las desigualdades en las poblaciones. De acuerdo con datos de algunas encuestas que han preguntado si hay médicos, más de 90 por ciento respondieron que no, “la gente requiere traslados de dos horas para ir a un hospital Covid”.
En su intervención, Ariane Assemat, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, explicó que en Guerrero, en la región de La Montaña, en muchas comunidades las personas morían de neumonía, “la gente decía que por diabetes”, sin tener la posibilidad de ser atendidas en instituciones de salud. “Desde el año pasado, el trabajo se volcó a los derechos básicos de salud en las comunidades marginadas”, agregó.
