Después de que la reforma a la Ley de Hidrocarburos sea aprobada en el Senado y promulgada en el Diario Oficial de la Federación, se prevé que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emita una recomendación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hizo previamente con la Ley de la Industria Eléctrica, consideraron especialistas en materia energética.

Onexpo Nacional, la organización de asociaciones de gasolineros más grande del país, amagó que una vez promulgada la ley interpondrá amparos.

Otras empresas de este rubro afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), también recurrirán a esa estrategia jurídica, adelantaron expertos.

Beatriz Marcelino Estrada, directora de Grupo Ciita, que asesora a empresas del sector energético, consideró que tras la promulgación de la Ley de Hidrocarburos, los principales afectados serán los comercializadores de “papel”, es decir, aquellos que tienen un permiso sin contar con la infraestructura necesaria.

Sin embargo, adelantó que todos los comercializadores que están al corriente con sus permisos y obligaciones fiscales y administrativas interpondrán amparos.

La consultoría en materia energética Baker & Associates, con sede en Houston, consideró que las reformas a la Ley de Hidrocarburos pondrían en marcha nuevas y ampliadas oportunidades para el ejercicio discrecional de la autoridad.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley aprobada por la Cámara de Diputados es el que se refiere a permitir que Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad ocupen y operen las instalaciones privadas cuando los permisos otorgados a particulares queden revocados, sin la garantía de que alguna de estas empresas productivas del Estado cuente con los recursos suficientes para la operación exitosa.

El analista Goerge Baker afirmó: “El efecto de modificar la Ley de Hidrocarburos de esta manera es redefinir los permisos a lo largo de toda la cadena de hidrocarburos como provisionales, sujetos a suspensión cuando se perciba una emergencia nacional”.

La idea de que la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía designarían un “nuevo operador” crea la posibilidad no sólo de que éste sea Pemex, sin vínculos comerciales previos con las actividades permitidas, sino también de que sea un competidor o socio del titular del permiso, apuntó.

Por su parte, el especialista Ramses Pech planteó varias preguntas: ¿quién realiza el peritaje o recomendación de que es un riesgo para la nación? ¿Bajo qué protocolos tomarán las instalaciones? ¿El personal de Pemex está capacitado y actualizado para operar? ¿Quién asumirá los costos en caso de un accidente? ¿Quién asumirá los costos operativos?

Propuso que se cree un protocolo de mecanismo de suspensión, el cual deberá ser avalado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Secretaría de Energía y los participantes del mercado para determinar el grado de omisión, mal uso u operación, bajo los principios de cubrir las necesidades de los usuarios finales y minimizar riesgos en el entorno donde opera cada proyecto.

“El problema que va a causar la nueva Ley de Hidrocarburos es una desinversión en el sector y un paro de lo que se estaba generado”, advirtió.