Brasilia. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil confirmó ayer la anulación de las condenas por corrupción contra Luiz Inácio Lula da Silva, lo que restituyó al ex presidente izquierdista el derecho a contender en las elecciones de 2022 y enfrentar al mandatario Jair Bolsonaro, quien deploró la decisión.

En declaraciones al canal argentino C5N, Lula señaló que si es necesario irá tras la presidencia, pero requiere aunar fuerzas. Destacó que no necesariamente tiene que ser el aspirante, pues, aunque tiene buena salud a sus 75 años, se puede seleccionar a alguien que represente a los sectores progresistas de Brasil.

“Creo que hay muchas posibilidades”, sostuvo, y añadió que nunca imaginó que su país tendría un presidente fascista como Bolsonaro, “quien además es un genocida porque es el mayor responsable del caos provocado por la pandemia de Covid-19 que afecta a Brasil”.

Sobre la persecución judicial y política en su contra, resaltó que “todo ha sido una mentira muy grande”.

Ocho de los 11 jueces del STF apoyaron la decisión adoptada en marzo por el magistrado Edson Fachin, quien determinó que el tribunal de Curitiba que condenó a Lula por dos causas y lo procesó por otras dos no tenía competencia para hacerlo.

Fachin determinó que Lula sea juzgado nuevamente por la justicia federal en Brasilia, pero este punto será discutido por el pleno la próxima semana.

Todas esas causas, en las cuales Lula siempre se declaró inocente, están vinculadas con la investigación Lava Jato sobre sobornos pagados a políticos para obtener contratos en la estatal petrolera Petrobras.

La decisión del STF no declaró a Lula inocente, pero abre la puerta para que el líder izquierdista se mida en 2022 con el ultraderechista Bolsonaro, y fue calificada por su defensa de “histórica”, además de que “refuerza el estado de derecho, restablece la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema de justicia de nuestro país”.

Por ahora, Lula se ha abstenido de indicar si buscará la presidencia, pero ha dejado claro que en adelante desempeñará un papel protagónico para desbancar al acutal mandatario.

Los jueces decidieron poco antes de la conexión semanal en Facebook de Bolsonaro, quien no tardó en reaccionar con la advertencia de los riesgos de una eventual vuelta de Lula al poder.

“No está empezando aquí la campaña para 2022, pero por la decisión del Tribunal Supremo, hoy Lula es candidato”, declaró. “Si vuelve por voto directo, todo bien, pero miren cómo va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que va a traer a la presidencia”, agregó.

En la misma red social rechazó otro fallo de la magistrada del STF Carmen Lucia, quien dio un plazo de cinco días para que Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, explique por qué no ha analizado casi un centenar de solicitudes para un impeachment contra Bolsonaro. A esto, el gobernante replicó: “sólo Dios me saca de la silla presidencial”.

Según sondeos, Lula es el político con más posibilidades de impedir la relección de Bolsonaro, aunque su nombre enfrenta fuerte resistencia en sectores de la clase media e incluso en otros partidos de izquierda y centroizquierda.

En su voto en el máximo tribunal, Fachin argumentó que el juzgado de Curitiba no era “universal”, porque los hechos atribuidos a Lula “no están restringidos a Petrobras, sino a una extensa gama de organismos públicos”.

En 2017 Lula fue declarado culpable de corrupción y lavado por el ex juez Sergio Moro, quien lo acusó de ser beneficiario de un departamento en el litoral de Sao Paulo ofrecido por una constructora, aunque nunca se pudo probar que Lula era el propietario del inmueble.

Tras ser condenado en segunda instancia, en 2018, estuvo encarcelado 18 meses y quedó fuera de la carrera presidencial ganada por Bolsonaro ese año.

El ex líder sindical fue liberado después de que el máximo tribunal determinó, en noviembre de 2019, que los condenados tenían derecho a agotar todos los recursos judiciales antes del cumplimiento efectivo de la pena.

Ese mismo mes fue condenado a 17 años de prisión en segunda instancia por otro caso, acusado de recibir sobornos de constructoras, esta vez en Atibaia (Sao Paulo).

Lula tiene pendientes otras dos denuncias en Curitiba, que también serán trasladadas a otro juzgado, y otras tres que ya están en el Distrito Federal.

Reacciones

Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de Los Trabajadores, tuitéo: “STF confirma los derechos de Lula. Día histórico. ¡Tardó, pero llegó! Todavía hay muchas cosas para poner en su lugar, pero la incompetencia de Moro era el paso fundamental para eso, el primer pedido de la defensa”.

La ex presidenta Dilma Rousseff celebró el fallo en sus redes sociales: “es una importante victoria de la justicia y la democracia, que nos llena de fuerza y esperanza”.

El próximo jueves, los 11 magistrados juzgarán también la decisión adoptada en marzo por una sala de la corte que declaró “parcial” al ex juez Moro cuando dictó la condena por la cual el ex mandatario izquierdista fue a la cárcel.

Ese fallo ha implicado un nuevo revés a la operación Lava Jato, de la cual Moro era la principal figura y que llevó a la cárcel a decenas de empresarios de primer plano y a políticos de casi todos los partidos.

También tiene implicaciones políticas, porque Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro hasta que salió del cargo tras enemistarse con el mandatario, y numerosos analistas lo sitúan en la carrera presidencial de 2022.

Absolución a Rousseff

El Tribunal de Cuentas (TCU) absolvió a Rousseff del caso de irregularidades en la compra de la refinería de Pasadena, en Texas, por Petrobas.

En la misma decisión, el TCU encontró culpables de las irregularidades al ex presidente de la empresa estatal, José Sergio Gabrielli, y a otras seis personas, reportó el portal G1.

En 2006, Petrobas, en cuyo consejo de administración se encontraba Rousseff, entonces ministra de la presidencia del gobierno de Lula, adquirió la refinería por la que pagó una cantidad ocho veces mayor que la desembolsada por el anterior propietario de la misma.

En 2014 el TCU ya había absuelto a la ex presidenta y responsabilizado a Gabrielli y otros ex directores de la petrolera, si bien la decisión adoptada ahora es la conclusión de otro proceso de 2017 en el cual se determinó que los ex miembros de la junta directiva de la estatal eran los responsables del perjuicio.

La compra de la refinería, investigada dentro de Lava Jato, siempre estuvo rodeada de polémica y ha sido uno de los puntales de la trama de corrupción en Petrobras. Cuando se compró en 2006, la estatal brasileña pagó 350 millones de dólares por la mitad de la refinería, valor muy superior al que la empresa belga Astra Oil desembolsó apenas un año antes por toda la refinería, 42.5 millones de dólares.

En 2012, en el gobierno de Roussef, Petrobras se vio obligada a comprar la otra mitad de la refinería, ya que estaba previsto en el contrato, pagando 820 millones de dólares.