El 2 de abril de 2009, la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó en sesión plenaria las “reglas” para el funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del mismo año (https://bit.ly/32f6CRB) y, a su vez, correspondieron al decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa el 9 de febrero del mismo 2009 (https://bit.ly/3tqlWag), luego de que el Congreso de la Unión había aprobado tales reglas en diciembre de 2008 bajo las presidencias, en la Cámara de Diputados, de César Duarte, el priísta chihuahuense luego preso por su gran corrupción al (des)gobernar esa entidad norteña, y, en el Senado, de Gustavo Madero, también chihuahuense, pero panista.

Aquella propuesta calderónica tenía como propósito “establecer ciertas obligaciones a cargo de los concesionarios y comercializadoras de telefonía móvil para coadyuvar con las autoridades competentes en el combate del uso indebido por parte de los Usuarios de Telefonía Móvil para la comisión de diversos delitos”.

El plazo para que los usuarios dieran de alta sus “celulares” se venció el 10 de abril de 2010, sin contar con el apoyo ciudadano. Todo fue un fracaso: no se redujeron los delitos, como en el caso de las extorsiones y el secuestro, y los datos proporcionados por una parte de los usuarios terminaron en el mercado negro, expuestos a los intereses de partidos políticos en ruta electoral y de grupos del crimen organizado, no solamente los relacionados con el “confiable” Genaro García Luna.

Recuérdese que durante la administración encabezada por el priísta Ernesto Zedillo Ponce de León se pretendió establecer el Registro Nacional de Vehículos (Renave) y se puso como director a Ricardo Miguel Cavallo, ex militar argentino que entre sus delitos menores tenía los relacionados con la comercialización de vehículos automotores robados y la consecuente falsificación de documentos relacionados con tales bienes rodantes.

Cavallo terminó condenado en Argentina a prisión de por vida por crímenes de lesa humanidad (genocidio y terrorismo) que cometió durante la dictadura instaurada en el país sudamericano a partir del golpe de Estado de 1976, que se sostuvo hasta 1983.

Ahora, en esa extraña repetición de vocaciones calderonistas (el predominio militar, bajo pretexto, a su vez, del predominio del crimen organizado, por ejemplo), la llamada Cuarta Transformación ha aprobado en las cámaras de Diputados y de Senadores la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (un Renaut II), con el mismo objetivo de evitar la comisión de delitos mediante ayuda de teléfonos móviles o celulares.

La propuesta ha generado rechazo entre porciones de la población que temen que esos datos, tanto generales como biométricos, puedan ser utilizados por criminales que operan desde instituciones públicas o fuera de ellas, además de significar una forma de control de la población y de invasión de la privacidad de los usuarios (el periodista Rubén Luengas habló ayer del tema: https://bit.ly/3e11A0F).

Por más buena voluntad que deseen expresar los órganos de gobierno actual, en cuanto al presunto cambio de actitudes en el aparato burocrático y a la confianza ciudadana en los procesos de transformación, lo cierto es que aún no existen condiciones reales que propicien la confianza colectiva en registros como los considerados en el Renaut II.

Es un objetivo loable y compartido el buscar métodos para reducir o eliminar el uso delictivo de los aparatos móviles de telefonía, pero no hay nada aún, fuera de Palacio Nacional, que sustente la confianza ciudadana en proporcionar datos personales a estructuras de poder (burocráticas, policiacas y militares) aún no saneadas más que de manera discursiva y muy restringida. Lo mejor será dar marcha atrás a la pretensión de constituir tal padrón que, junto con los nuevos requerimientos bancarios para el uso de servicios mediante celulares o computadoras, está agregando preocupación y angustia justificadas a amplios segmentos poblacionales. ¡Hasta mañana!

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