En una cerrada votación de seis a cinco, el martes pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó el retiro de las candidaturas a gobernadores a Félix Salgado Macedonio (Guerrero) y Raúl Morón (Michoacán), por no presentar informes de gastos de precampaña. De acuerdo con la opinión de la mayoría de los consejeros, al no reportar 19 mil y 11 mil pesos, los candidatos de Morena atentaron contra el sistema de fiscalización e impidieron la rendición de cuentas.
Al margen de la polémica que generaron las destempladas declaraciones del primero de los aspirantes referidos y de las enconadas polémicas en torno a su persona, la resolución denota una crisis inocultable en el INE. Además de violar el principio de proporcionalidad entre la falta cometida y el castigo por el que se rige el propio instituto, la resolución constituye un abierto desacato a las directrices emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según las cuales al dictar la sanción debía tomarse en cuenta el monto de los recursos involucrados: en el caso de Salgado Macedonio, los 19 mil pesos usados como argumento para bajarlo de la contienda electoral representan apenas 0.3 por ciento del gasto permitido como tope de gastos de precampaña en su entidad.
Más grave aún, la determinación comentada supone una aplicación incomprensiblemente facciosa de la ley, toda vez que la falta achacada a estos aspirantes también fue cometida en Guerrero por los abanderados de PRI-PRD, PAN, MC, PES y Fuerza por México, ninguno de los cuales presentó el informe de precampaña y no sufrió, sin embargo, el retiro de la candidatura. Como señaló la consejera Adriana Favela durante el debate que tuvo lugar el martes, para ser congruentes con el criterio usado para juzgar a Salgado Macedonio y a Morón, habría debido cancelarse el registro a todos esos aspirantes, así como a varios de los que buscan la gubernatura de Michoacán.
El problema de fondo no tiene que ver, pues, con los nombres de los candidatos afectados por la resolución. Si el dictamen hubiese sido equitativo y aplicado por igual a todos los presuntos transgresores, se estaría hablando de un exceso de celo fiscalizador, pero como no lo fue, sólo puede describirse como una abierta parcialidad de un árbitro que debería conservar un comportamiento equidistante y realmente democrático.
Lejos de ser un suceso anecdótico, la falta de imparcialidad ha sido un rasgo intrínseco de la autoridad electoral al menos desde 2006, cuando el comportamiento del entonces IFE sembró en un sector muy importante de la sociedad la sospecha de que el instituto, más que juez, se conducía como parte en el curso de los comicios. Esa sospecha se refrendó en 2012, cuando el organismo electoral no vio o no quiso ver los millones de dólares que entraron a la campaña de Enrique Peña Nieto, pese a que se trataba de recursos doblemente ilícitos: porque rebasaron el tope de gastos de campaña y porque eran producto de sobornos.
Con todo, el entonces consejero electoral y hoy presidente del INE, Lorenzo Córdova, no tuvo empacho en validar la candidatura del priísta. Las irregularidades se repitieron en 2015 y en 2018, cuando este diario dio cuenta del cúmulo de violaciones a la legalidad que ocurrieron en vísperas de la jornada electoral del 1º de julio: compra de votos, quema de materiales electorales, mapachismo, ataques armados y siete asesinatos, nada de lo cual fue considerado de suficiente gravedad por el mismo organismo que hoy se presenta como adalid de la defensa irrestricta de las leyes.
En suma, el discurso de modernidad democrática en el que se escuda un grupo de consejeros del INE no hace sino esconder una crisis terminal de ineficiencia que se viene arrastrando desde tiempo atrás y que no se ha resuelto con reformas constitucionales ni con cambios de siglas. A menos de dos meses para la cita con las urnas, el país tiene un árbitro electoral disfuncional.
