Las reformas aprobadas por el Senado con las que se obligaría a los usuarios de telefonía a registrar sus datos biométricos violan la Constitución y atentan contra los derechos humanos, aseveró el constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diego Valadés Ríos.

En entrevista con La Jornada, enfatizó además que aducir que es una medida en favor de la seguridad pública –como han argumentado quienes la defienden– es en realidad una muestra de que “el Estado estaría transfiriendo a los usuarios de la telefonía móvil el problema de su incapacidad para resolver el tema de inseguridad. Los particulares seríamos ahora quienes pagaremos las consecuencias de que las autoridades no estén cumpliendo con su obligación de darnos seguridad”.

El martes, en la Cámara de Senadores se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris) o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.

Valadés Ríos, también ex procurador general de la República, subrayó que esto viola dos artículos del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución: el 6 y el 20, además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

El artículo 6, dijo, establece que el uso de las telecomunicaciones es un derecho que el Estado debe garantizar sin arbitrariedades y debe ser inclusivo, pero con estas reformas lo hace excluyente, pues quien no aporte sus datos personales no tendrá acceso.

El ex ministro de la Suprema Corte añadió que ese postulado constitucional también asienta que el acceso a esa tecnología debe ser libre y sin intereses arbitrarios, pero con la obligatoriedad de registrar los datos biométricos “se condicionaría y expondría ese acceso a injerencias arbitrarias, porque se va a disponer de nuestros datos personales”.

En torno al artículo 20, subrayó que éste confiere la presunción de inocencia a todos a quienes son imputados de un posible delito; sin embargo, con las modificaciones aprobadas por el Senado “nos convierte a todos, no sólo sobre quienes hay un proceso penal, en presuntos culpables. Esto implica que se daría un trato de delincuentes a los usuarios de telefonía móvil”.

El jurista delineó las opciones para echarla atrás está reforma: que una fracción del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad. En tanto que los usuarios podrían gestionar amparos.

Valadés Ríos, quien es miembro de El Colegio Nacional, alertó que también hay peligros para las compañías de telecomunicaciones, porque la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que el tratamiento indebido de la información personal es un delito que puede ser castigado con multas y hasta prisión.