La pandemia ha cambiado percepciones en diversos ámbitos. Sorprendentemente uno de ellos es el de los impuestos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, le propuso a los países miembros del G-20 que impusieran gravámenes armonizados a las grandes corporaciones. Este planteamiento complementa lo que propuso la propia Yellen para que en su país se incremente el impuesto a las empresas multinacionales del 21 por ciento actual a 28.
Al instaurar una tasa impositiva común a los corporativos en las economías del G-20, que representan 85 por ciento del PIB mundial, se evitaría que estas grandes empresas trasladarán sus registros contables a países con menores tasas impositivas. La propuesta que busca fortalecer la hacienda pública estadunidense es indudablemente pertinente y conviene a todos los países.
La propuesta del aumento de impuestos se inscribe en un planteamiento hecho por importantes economistas, como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, entre otros, que forman parte de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés). Este grupo ha propuesto uniformar impuestos en el mundo a las grandes corporaciones internacionales en una tasa mínima efectiva de 25 por ciento. Esta propuesta fue hecha para hacer frente a los requerimientos planteados por la pandemia del Covid-19, pero con la posición del gobierno estadunidense adquiere una dimensión más permanente, proponiendo el inicio de una fiscalidad global.
El FMI, por su parte, en coincidencia con estos puntos de vista, ha señalado en repetidas ocasiones que la situación demanda que quienes se han beneficiado con la pandemia contribuyan fiscalmente a que los estados nacionales puedan enfrentarla. Por esta razón, ha propuesto un impuesto temporal, una tasa tributaria Covid-19 que pagarían las empresas beneficiadas por la contingencia, como Amazon y Google, para ayudar a mitigar los efectos perniciosos de la pandemia sobre millones de hogares y, en consecuencia, sobre las finanzas de los estados nacionales. De modo que se ha estado conformado un amplio acuerdo mundial, en importantes instancias que reconoce la necesidad de que se incrementen las contribuciones fiscales de los grandes corporativos.
El gobierno mexicano no ha reaccionado a estas propuestas. Es sabido que AMLO es reacio a incrementar los impuestos, aunque en la negociación con algunos gobernadores miembros de la Alianza Federalista aceptó discutir el pacto fiscal federal, incorporando una discusión más general sobre la posibilidad de incrementar la carga tributaria. Las autoridades hacendarias han informado que después del proceso electoral en curso esta discusión se llevaría a cabo. Por supuesto, los resultados electorales condicionarán el sentido de la discusión. Sin embargo, iniciar los trabajos de esta convención hacendaria aceptando en México la propuesta de Yellen, del ICRICT e incluso del FMI, legislando de inmediato al respecto, resultaría un comienzo muy afortunado.
El tema de una reforma fiscal en México es, por supuesto, mucho más amplio que gravar uniformemente a escala global a los grandes corporativos, lo que se ha llamado la tasa Google. Pero al aceptar esta nueva tributación, se abre una discusión que es provechosa ya que lleva al reconocimiento de los impuestos que no han pagado las corporaciones, aprovechando los paraísos fiscales. Al mismo tiempo, pudiera servir para la discusión fiscal y poner a consideración las diferentes tasas de impuestos que pagan en distintos países las empresas multinacionales de todo tipo. Bancos, automotrices, cerveceras, etcétera, pagan tasas muy diferentes en los países que operan.
Es conocido el caso de los bancos españoles que operan globalmente, BBVA y Santander, cuyas filiales latinoamericanas resultan las más rentables. Esta rentabilidad deriva no de que generen un volumen de utilidades mayor que otras, sino de que en América Latina se les cobra una tasa tributaria menor. El BBVA mexicano, por ejemplo, desarrollando las mismas operaciones activas y pasivas que la matriz española, no es la que genera mayores utilidades brutas del grupo, pero sí la que genera las mayores utilidades netas. Modificar esta deformación fiscal contraria al interés de nuestro país resulta conveniente y justificado. Y ahora, además, existe un entorno internacional favorable a esta modificación.
Gracias a esta discusión mundial, para el gobierno de AMLO se ha abierto una importante posibilidad para crear un espacio fiscal mayor. Conviene aprovechar las condiciones abiertas por la pandemia, reforzadas por la propuesta tributaria del gobierno de Biden, que revierte las reducciones impositivas introducidas por Trump. Permite, además, avanzar en la posibilidad de atender prioritariamente a quienes más lo necesitan, con recursos provenientes de mejoras en la progresividad fiscal, muy lastimada en los pasados 30 años. Permite, en breve, revertir en los hechos los principios fundamentales del neoliberalismo fiscal.
