El ex senador del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle Maury seguirá preso en tanto transcurre su juicio, ya que fue vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictiva. Su defensa anunció que impugnará algunos argumentos del juez de control del Reclusorio Norte, al considerar que la resolución va en contra del nuevo sistema de justicia penal, ya que –aseguró– fue imputado con base en una prueba que debe ser declarada ilícita, la cual se analizará en el momento procesal oportuno, y por lo pronto, presentará el recurso de apelación correspondiente.
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio tres meses de plazo para las investigaciones complementarias, que concluyen el 13 de julio próximo.
Al final de una sesión maratónica de 18 horas, que concluyó a las seis de la mañana de ayer, el abogado José Joaquín Zapata Altamirano señaló que “desafortunadamente” las razones que presentaron no fueron atendidas en la diligencia por el juez, y estimó que algunos criterios utilizados por el impartidor de justicia van en contra, incluso, de la forma en que debe operar el nuevo sistema, en el cual las pruebas que obtienen las partes, en particular de la defensa, deben ser valoradas con la misma importancia que las recabadas por el Ministerio Público Federal.
Sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) basó su imputación “de manera central” en los dichos de Rafael Caraveo Opengo, empleado de la fracción panista en el Senado, y en los del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, los cuales, reiteró, deben ser “considerados ilícitos e inadmisibles”.
Lavalle es el primer imputado vinculado a proceso de los 70 señalados en la denuncia que realizó Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, luego de que acordó con la FGR convertirse en testigo colaborador y aportar datos contra quienes recibieron sobornos para aprobar las reformas en el ámbito eléctrico y de hidrocarburos, entre otras.
Asimismo, Zapata Altamirano agregó que el juez de control no aceptó los testimonios que presentaron de Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del departamento administrativo de la dirección general de Pemex, y de Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya, en Pemex.
Ambas declaraciones buscaban desmentir las acusaciones de Lozoya, pero el juez explicó que, “como fueron obtenidos por la defensa, no tienen el mismo valor que los que obtuvo la fiscalía y serán materia de revisión en los recursos que interpongamos”.
Añadió que José Luis Lavalle “está tranquilo y esperanzado de que funcionen nuestros recursos y en el tiempo de investigación que pedimos, de tres meses, se pueda revertir la decisión y pronto esté gozando de su libertad”.
