“El peor año hasta ahora para los defensores ambientales” ha sido 2020, pues se cometieron 18 asesinatos y 65 ataques contra ellos. Continuaron las amenazas, estigmatizaciones y acciones de criminalización, de las cuales 40 por ciento provinieron de algún agente del Estado, sin que se haya sancionado a los responsables, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Agregó que la pandemia de Covid-19 ha ocasionado que los históricos niveles de violencia alcanzados durante 2019 fueran superados el año pasado.
En la presentación virtual del Informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en México en 2020, elaborado por el Cemda, se destacó que a la situación de estos activistas el año pasado contribuyó la suspensión de procedimientos administrativos en materia ambiental y que los trámites de juicios no fueron considerados esenciales, pero continuaron actividades como megaproyectos y obras de infraestructura.
Se destacó el hecho de que la cifra de 65 ataques supera a 2019, cuando hubo 39 atentados, y 49 en 2018. Además, por segundo año la agresión más recurrente fue el homicidio. Detalló que entre 2012 y 2020 se identificó 564 ataques a activistas por los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
El reporte destaca que las agresiones aumentaron en Chiapas, Campeche, estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. En cuanto a sectores, el forestal y las vías de comunicación lideran la lista de los ataques, ya que juntos suman casi 50 por ciento, y minería, 7 por ciento.
La acción más recurrente es el homicidio, y antes del asesinato las víctimas sufrieron estigmatización, amenazas, intimidación, hostigamiento, privación de la libertad e uso indebido de la fuerza. Los principales agresores provienen del gobierno (40 por ciento), son personas de la misma comunidad (6) y de las empresas (4.6 por ciento).
Fueron asesinados los defensores Juan Aquino González, María Agustín Chino, Amalia Morales, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño en Guerrero; Homero Gómez y Raúl Hernández en Michoacán; Eugui Roy y Tomás Martínez en Oaxaca; Juan Zamarripa y Antonio Montes en Chihuahua; Óscar Eyraud y Daniel Sotelo en Baja California; Paulina Gómez en San Luis Potosí; Isaac Medardo en Morelos, y Adán Vez Lira en Veracruz.
El Cemda señaló que “las cifras preocupan porque muestran un Estado violento e impune, cuyos agentes, en vez de prevenirla, ejercen la violencia misma contra la defensa ambiental”.
