Según la agencia oficial de prensa Irna, Irán anunció al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que “comenzará a enriquecer uranio a 60 por ciento”, en aparente respuesta al sabotaje perpetrado contra su planta de enriquecimiento en Natanz, del cual la nación islámica culpa a Israel.

El 4 de enero pasado, las autoridades iraníes ya habían informado que aceleraron su programa de enriquecimiento hasta en 20 por ciento de pureza, con el cual es imposible fabricar una bomba atómica, pero supera ampliamente el 3.67 por ciento permitido por el acuerdo alcanzado en julio de 2015 con el Grupo 5+1, que reúne a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) –China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia– más Alemania.

Cabe recordar que el acuerdo sobre el programa de desarrollo nuclear iraní puso fin a 13 años de tensiones entre Irán y Occidente en torno de las investigaciones persas en la materia.

Lo que entonces fue visto como el arreglo final del contencioso nuclear comprometió a Teherán a reducir de manera significativa su capacidad nuclear durante varios años, así como a permitir que la OIEA realizara exhaustivas inspecciones de sus instalaciones, lo que conjuraba el temor de Occidente de que Irán fabricara una bomba atómica en el desarrollo de su industria nuclear civil.

Para la república islámica, el acuerdo supuso el levantamiento gradual y condicionado de unas sanciones, tan draconianas como injustificadas, toda vez que fueron impuestas por Washington y sus aliados, incluso cuando informes previos de la OIEA habían descartado el peligro de una deriva militar de su programa nuclear.

Cuando el arreglo apenas tenía tres años en vigor, el ex presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos e impuso de nueva cuenta las sanciones contra Irán, sin ninguna prueba de que éste hubiera faltado a alguno de sus compromisos. La destrucción irracional de uno de los mayores logros diplomáticos de Washington en las décadas recientes formó parte del empeño de Trump por desmantelar cualquier política de su antecesor, Barack Obama, durante cuya gestión el actual mandatario Joe Biden sirvió de vicepresidente.

Las esperanzas de la comunidad internacional en torno de que la llegada de Biden al poder permitiera retomar el sendero de la diplomacia y rehabilitar un hito de la resolución pacífica de los conflictos se ha visto frustrada por el empeño de la actual administración demócrata en que Teherán se someta al acuerdo mientras las sanciones siguen vigentes. Además de esta pretensión, absurda, toda vez que fue Washington quien abandonó el pacto, el mandatario estadunidense condiciona la firma de un nuevo arreglo a la aceptación por su contraparte de una serie de medidas inaceptables y abiertamente violatorias de su soberanía.

Todo ello, al mismo tiempo que el mayor rival regional de Irán, Israel, mantiene la posesión de un número indeterminado de ojivas nucleares, sin atenerse a los tratados internacionales en la materia ni permitir forma alguna de supervisión por Naciones Unidas.

De persistir en esta política hipócrita, Washington corre el riesgo de empujar a Teherán a orientar su programa de desarrollo nuclear hacia la fabricación de armas atómicas con el fin de protegerse de los permanentes amagos contra su soberanía, tal como ya ocurrió con Corea del Norte.

El nivel de belicismo, arbitrariedad y desprecio por la legalidad con que la Casa Blanca ha conducido su política exterior hacia las naciones débiles deja una lección nefasta al resto del mundo: la única manera de evitar un ataque armado de Estados Unidos, sin renunciar a la soberanía, es dotarse de un poder de disuasión creíble.