A nueve días de haberse iniciado las campañas por la gubernatura de Baja California, el mandatario morenista Jaime Bonilla Valdez firmó la declaratoria de utilidad pública para expropiar el Club Deportivo y Social Campestre de Tijuana, ordenó su publicación en una edición especial del periódico oficial del estado e instruyó al secretario general de Gobierno que inicie los trabajos que de ello deriven. El predio cuenta con un campo de golf de 18 hoyos.

Se trata de un terreno de 504 mil 379 metros cuadrados ubicado en una exclusiva zona residencial, con acceso al bulevar Agua Caliente. La densidad de población en la zona contrasta con la del oriente de la ciudad, donde viven más de 70 por ciento de los tijuanenses, y “es apto para la construcción del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre”.

La edición del diario en la que se publicó el decreto, que consta de 34 páginas, señala que Bonilla Valdez ejerció la facultad que le otorga el artículo 27 de la Carta Magna, bajo la premisa de que todo mexicano tiene derecho “a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, derecho a la cultura física y a la práctica de un deporte, así como al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia y el ejercicio de sus derechos culturales”, dice la exposición de motivos.

El documento contiene 46 considerandos en los cuales señala la falta de espacios públicos y que, derivado de estudios técnicos y proyectos elaborados por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, se determinó que los campos de golf del club campestre de Tijuana son los más apropiados para el proyecto Complejo Interactivo Campestre, y que “no se cuenta en la ciudad con ningún otro predio que cumpla con las características de éste”.

El texto señala que se requieren alrededor de 80 hectáreas para la creación de un parque urbano en 2040; para ello se evaluaron cuatro predios, sin embargo, al estar en medio de la ciudad, el club campestre “presenta grandes ventajas”, expone el documento. El predio, de 50.43 hectáreas, solventaría 63 por ciento de la demanda de suelo para el parque urbano.

Al cumplir con los requerimientos, se declara “de utilidad pública” el terreno localizado en bulevar Agua Caliente número 11311 del fraccionamiento Agua Caliente, identificado con la clave catastral AC-017-000.

Bonilla anunció en diciembre de 2020 su intención de expropiar este predio tras una confrontación con el alcalde con licencia Arturo González Cruz, quien fue en la década reciente administrador del club y acusó a los accionistas de no pagar agua.

En tanto, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en Baja California del Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión, como parte del juicio de amparo 196/2021-VII fechado el 17 de marzo de 2021, en favor de los directivos del club para protegerlos de la decisión del gobernador de expropiar el inmueble.

El precio de la expropiación se calcula en mil millones de pesos, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Expropiación de Baja California, ya que se considera el valor catastral y comercial de un terreno de 80 hectáreas.

Según el reglamento del Instituto Estatal Electoral, el gobierno de Jaime Bonilla violó la ley al difundir la declaratoria en el comunicado 766-2021, en el que incluye cuatro imágenes y las declaraciones del secretario general.