Ciudad de México. Tres personas cuyos familiares fueron víctimas de abusos presuntamente cometidos por elementos del Ejército, realizaron este martes una manifestación en la que se desangraron frente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para exigir que sus casos sean atendidos.

Erick Guichard Peña, uno de los inconformes, explicó en entrevista con La Jornada que él demanda la reparación del daño por el asesinato de su padre y tres de sus tíos –integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre--, cometido en el estado de Chiapas en 1974 a manos de personal castrense.

El hombre, quien se instaló en plantón frente a la Sedena desde hace dos semanas y hoy vertió su sangre ante la sede del organismo armado, explicó que aunque sus cuatro familiares fueron privados de la vida en el mismo evento y las mismas circunstancias, el gobierno federal sólo ordenó la reparación integral del daño en dos casos, mientras que en otros dos se ha negado a hacerlo hasta el momento.

Incluso en los episodios ya reconocidos por el Estado como violaciones graves de derechos humanos, dijo Guichard, él tuvo que litigar para que se le admitiera su derecho a ser indemnizado, y aunque lo logró tras obtener dos amparos concedidos por Tribunales Colegiados, los acuerdos siguen sin cumplirse.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro “Encinas hace 4 meses habló conmigo y ordenó que se me dejara de revictimizar, y que hicieran las cosas bien, que se emitieran nuevas resoluciones lo más rápido posible y hasta la fecha puro engaño, pura vuelta. No terminamos de avanzar”, lamentó.

Aunque la propia Sedena ha reconocido que sus elementos dieron muerte a los cuatro familiares de Guichard Peña, e incluso el sitio donde ello ocurrió, hasta ahora las autoridades federales tampoco han buscado sus restos, lamentó.

Para resolver esta situación, dijo, es necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita una Recomendación sobre los casos de todos sus seres queridos, que permita concretar la reparación del daño.

Además del hombre, en la manifestación participaron Laura Kabata, cuyo hijo Oscar fue detenido y torturado por elementos del Ejército en 2009 en el estado de Chihuahua, y una mujer identificada sólo con el nombre de Elizabeth, quien denunció que uno de sus familiares fue juzgado y detenido por la Sedena por un delito que no cometió.

Guichard adelantó que quienes participaron en la manifestación de este martes dejarán correr un plazo de aproximadamente 15 días para esperar si hay alguna propuesta de solución por parte del Ejército, y en caso de no ser así, se crucificarán frente a la Sedena para exigir que sus demandas sean escuchadas.