Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana denunció que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un laudo “sin sustento legal” con el que pretende señalar que su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, adeuda 54 millones de dólares a los agremiados.

Según la agrupación, dicho fallo contraviene el que emitió un tribunal colegiado, por lo que no precederá, pues hay materia legal para que se emita una nueva resolución en aproximadamente mes y medio.

En conferencia de prensa efectuada ayer, Mario Muñoz, Óscar Alzaga y Nahir Velasco, del equipo jurídico, junto con el tesorero José Ángel Hernández, entre otros líderes mineros, explicaron que la junta no tomó en cuenta el pago de más de 23 millones de dólares que ya se hizo a los trabajadores.

Tampoco se hizo con decenas de resoluciones judiciales en las que se ratifican que los recursos materia del proceso están bajo rectoría del sindicato.

Mientras, la JFCA rechazó que actúe de manera parcial y aseguró que el resolutivo lo emitió después de la demanda promovida por 2 mil 998 trabajadores; Alzaga afirmó que la presidenta de la junta, María Eugenia Navarrete, actuó bajo presión de Grupo México “en complicidad con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien junto con su padre, el abogado Arturo Alcalde, promovieron a Navarrete para este cargo”.

La controversia empezó desde la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores.

Alzaga expuso que después que Germán Larrea, propietario de Grupo México, se negara a pagar lo correspondiente a las acciones, los trabajadores comenzaron una huelga con el Sindicato Minero, proceso que 15 años más tarde generó un acuerdo en el que se definió que los recursos estarían bajo la rectoría del gremio.

A su vez, la JFCA indicó en un comunicado que lo que está en discusión legal es si el propietario de los recursos es el sindicato o los trabajadores que promovieron las denuncias.

Muñoz explicó que el proceso judicial generó 25 expedientes en total, por lo que la junta debió emitir una resolución al tomar como base la totalidad de los documentos, pero sólo lo hizo con base en 21.

En los cuatro expedientes que no fueron tomados en cuenta obran constancias sobre que el sindicato, “sin tener la obligación de ello, ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores”, y corroboran la existencia de más de 10 sentencias en materia penal por parte de diversos tribunales colegiados y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que indican que los recursos son rectoría del sindicato y no de los trabajadores.

Agrego que se define como “cosa juzgada”, por lo que otra autoridad no puede dictar sentencia en diferente sentido.

Muñoz atribuyó la embestida por el impulso de Gómez Urrutia a la reforma para regular la subcontratación y terminar con la reclutación ilegal, ya que Grupo México será una de las empresas más afectadas por la propuesta que se discute en el Congreso de la Unión.