Lima. El profesor de izquierda Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se encaminaban ayer a asegurar su paso a la segunda vuelta en Perú, al liderar con 18.83 y 13.21 puntos porcentuales, respectivamente, el escrutinio de los comicios del domingo, con casi 90 por ciento de los votos procesados.

Detrás de ellos hay dos candidatos de derecha, el economista Hernando de Soto (11.97 por ciento) y el empresario Rafael López Aliaga (11.90 por ciento), según el último cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De confirmarse la tendenπcia, Castillo y Fujimori se medirán en una segunda ronda el 6 de junio y el vencedor asumirá el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia.

El nuevo gobernante peruano tendrá el reto de superar la emergencia sanitaria que no da tregua, con cifras récord de contagios y decesos en los últimos días, y saldo de la pandemia de más de 54 mil muertos y más de 1.6 millones de infectados, así como una profunda recesión económica y la crisis política en una nación de 33 millones de habitantes.

El escrutinio de la elección al Congreso unicamaral de 130 miembros avanza más lentamente en forma paralela y también es encabezado por los partidos de Pedro Castillo (Perú Libre) y de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 16.6 por ciento y 12.6 por ciento, respectivamente.

“El cambio y la lucha recién comienzan”, sostuvo Castillo, de 51 años, quien salió del anonimato en 2017 al dirigir a miles de colegas en una prolongada huelga nacional.

Profesor de la escuela rural en la aldea de Puña, emergió del fondo de la lista de 18 candidatos y arrasó en los últimos 14 días recorriendo pueblos pequeños de los Andes y de la Amazonia, aunque no conquistó Lima, donde vive un tercio de los peruanos.

El analista Javier Torres, de la Asociación de Servicios Educativos Rurales, comentó que una segunda vuelta entre Castillo y un candidato de derecha tendrá como eje la discusión sobre el modelo económico que debe tomar Perú. Recordó que Castillo tiene una visión estatista similar a la implantada en los gobiernos del ex presidente de Bolivia Evo Morales, y de Ecuador Rafael Correa.

“Plantea una política agresiva de nacionalización de recursos y empresas del Estado, más radical que la de Evo Morales”, expresó Torres. Añadió que Perú Libre, del candidato Castillo, “siempre ha expresado su admiración por Fidel Castro y Hugo Chávez”.

Uno de los candidatos al Congreso por Perú Libre, Julián Palacín, dijo antes que el partido del candidato Castillo tiene similitudes con el Partido Socialista Obrero Español y con el Movimiento Regeneración Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Castillo plantea elaborar una nueva Constitución que remplace la de 1993, expulsar a los delincuentes extranjeros, pero acoger a quienes llegan al país a trabajar y estudiar. Promete que desactivará el Tribunal Constitucional y nacionalizará los yacimientos mineros, petroleros y energéticos. El anuncio podría alarmar a los inversionistas.

Aunque Castillo es izquierdista, tiene posiciones conservadoras: está en contra del enfoque de género en el currículo escolar, se opone al aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.

Muchos quedaron sorprendidos por los resultados de la votación, que busca poner fin a un convulso quinquenio en el cual, desde 2018, desfilaron cuatro presidentes.

En un país sin partidos políticos fuertes y donde las figuras pesan más que la ideología, un total de 18 candidatos buscaron la presidencia, sin ningún favorito.

Keiko Fujimori, quien se postula por tercera vez a la presidencia –perdió en segunda vuelta ante Ollanta Humala en 2011 y Pedro Pablo Kuczynski en 2016– dice que tiene “mucha fe” en que se confirmaría su pase a la segunda vuelta.

Está bajo la lupa de la fiscalía por el escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que también salpicó a cuatro ex presidentes peruanos.

La fiscalía, que se prepara para llevarla a juicio, anunció el 11 de marzo que pediría condena de 30 años de prisión para Keiko Fujimori por los delitos de “crimen organizado, lavado de activos y obstrucción a la justicia”.

De ganar la presidencia, sólo podría ser llevada a juicio una vez que termine su mandato de cinco años.