Como dice el clásico, el tóxico empresario Germán Larrea nunca pierde, y si lejanamente sucede, entonces arrebata. Para ello siempre contó con solícitos funcionarios (con atención personalizada en la Secretaría del Trabajo) que servilmente atendían sus instrucciones. Eso se padeció a lo largo del régimen neoliberal, lo que no sorprendía a nadie, pero lo que sí llama la atención es que en plena 4-T se mantengan ese tipo de prácticas, en especial cuando el objetivo es el sindicato minero, a quien el barón declaró la guerra desde hace muchos años.
Bien, pero en esta ocasión, ¿qué enfureció al barón y a sus “amigos” del sector laboral? Probablemente el acuerdo en materia de outsourcing, que al dueño de Grupo México le provocó gastritis por ser uno de los grandes “usuarios” de esa deleznable práctica, o tal vez por el hecho de que, a pesar de sus múltiples intentos y el cúmulo de barbaridades por él cometidos, en más de dos décadas no ha podido doblegar al sindicato minero que gana recuentos, contratos colectivos y logra sustanciales aumentos salariales. Y si no fuera eso, entonces por lo que se le pegue la gana, porque alguien de la 4-T está a su servicio.
A saber qué tipo de conjuros utilizó, pero el hecho es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que preside Eugenia Navarrete Rodríguez, por tercera ocasión, cuando menos, intenta revivir un muerto (el primer ejercicio fue en 2017 y el segundo en 2018. Ambos sin resultados) por instrucciones de Larrea, con la complacencia de la hija del titiritero y la pretensión de afectar al sindicato minero.
Se trata de un laudo que absuelve a Grupo México y “condena” al mencionado sindicato a pagar a trabajadores mineros alrededor de 55 millones de dólares, producto de la enajenación (en 2004) del 5 por ciento de las acciones que correspondían a la organización de mineros, como parte del contrato de venta a la hora de que, en 1989, Carlos Salinas de Gortari privatizó Compañía Minera de Cananea (hoy Buenavista del Cobre), algo que la parte compradora –los Larrea– aceptó pero incumplió, para lo que contó con el “apoyo” del Congreso sonorense, de los tribunales del Distrito Federal, del inquilino de Los Pinos en turno y de cualquier “autoridad” que se dejara convencer, al estilo de esa famiglia.
Presionado por el sindicato minero, Grupo México tardó alrededor de tres lustros en pagar ese dinero al sindicato minero, con todo y que ese corporativo informó (2 de abril de 2001) a la Bolsa Mexicana de Valores que el reclamo de los trabajadores era “cosa juzgada”.
Pues bien, la Junta de Conciliación y Arbitraje entra al quite de Larrea y de nueva cuenta pretende comprometer al sindicato minero, quien advierte que “el laudo es una venganza de María Eugenia Navarrete Rodríguez, quien llegó a ese puesto por la recomendación de Arturo Alcalde Justiniani, y le hace el trabajo sucio a la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, por lo que la presidenta de la Junta actúa en contra de la política del presidente López Obrador”. Además, dice, “es una perversidad, porque intentan poner a la dirigencia como deudores solidarios de nuestros propios recursos. Y los verdaderos corruptos, muy tranquilos”.
La agrupación destaca que “los más interesados en que el sindicato minero pierda este juicio son Germán Larrea y sus esbirros, ya que ese es el origen de tales demandas, porque fue Larrea quien intentó dejar de pagar a los obreros las acciones del 5 por ciento por la privatización de Cananea y otras empresas, por lo que el sindicato tuvo que ejecutar a un procedimiento de huelga para lograr el pago de los 55 millones de dólares en octubre del 2004”.
Ayer, el equipo de abogados el sindicato minero subrayó que “el laudo condenatorio al pago de los 55 millones de dólares carece de validez jurídica, en virtud de que éste será revisado por el propio Tribunal Colegiado y solicitará un nuevo laudo; además, la Junta de Conciliación y Arbitraje sigue sumergida en la corrupción y bajo el control de grupos empresariales; existen pruebas más que suficientes para revertir el fallo. Se trata de un acto arbitrario y un abuso de autoridad al más puro estilo de los gobiernos pasados”
Las rebanadas del pastel
“Es evidente que la 4-T no ha pasado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje” (sindicato minero dixit).
