La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al Estado mexicano una respuesta inmediata y articulada para atender a los niños reclutados a la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en Ayahualtenpa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja, de Guerrero.

La participación directa de los menores en actos de vigilancia de estas unidades “representa superar el acto simbólico del performance para configurar delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”, aseveró la organización civil.

En un posicionamiento en torno al anuncio hecho por la CRAC-PF el sábado pasado de que integró a sus filas a 31 niños de entre seis y 11 años de edad, la Redim expresó su preocupación por el uso instrumental de los pequeños y recordó que anteriormente ya ha llevado el caso de este reclutamiento infantil ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Llamamos una vez más a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad la protección de las niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias en la búsqueda de justicia y paz”.

Remarcó que el 6 de marzo del año pasado, durante la audiencia temática realizada ante la CIDH se documentaron las graves violaciones a los derechos humanos de los infantes víctimas de la violencia armada en México, entre ellas el reclutamiento forzado y las desapariciones.

“Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”.

La Redim señaló que desde enero de 2020 ha alertado que la presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria “se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes de macro criminalidad que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado de la zona; asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la sierra de Guerrero”.

Añadió que la comunidad indígena referida tiene más de tres décadas con policías comunitarias creadas en respuesta al abandono del Estado mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social; pero en los últimos siete años “el crimen organizado aumentó su control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades, presuntamente con el objetivo de ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas”.

Enfatizó que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en Guerrero por parte de los grupos criminales, quienes cuentan con campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

La Red llamó a fortalecer el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y a cumplir con los compromisos del Estado mexicano ante la CIDH en materia de protección a ese sector, así como a atender las recomendaciones realizadas en 2011 y 2015 por el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Recordó que el Legislativo tiene pendiente la armonización para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de menores de edad, tal como lo han solicitado reiterado diversas recomendaciones de organismos internacionales y la propia Redim.

“Llamamos a la sociedad a evitar la criminalización de las familias indígenas, en especial de niños, niñas y adolescentes, y su policía comunitaria y a exigir al Estado que garantice la vida y desarrollo social de estas comunidades. Especialmente insistimos en las obligaciones del sistema DIF nacional y estatal para ofrecer apoyo y alternativas de protección a estos niños, sin ser separados de sus familias”.