Fue una de las entidades más olvidadas de México, pero hoy Quintana Roo es el principal polo turístico del país. Allí se genera más de una tercera parte de las divisas que ingresan por dicha actividad. Esa transformación se dio los últimos 40 años sin una correcta planeación ambiental y social. Como fruto, al lado del lujo: pobreza, marginación. Pequeñas poblaciones perdidas en el mapa albergan ya miles de habitantes. Surgió Cancún, que tiene 900 mil, mientras Playa del Carmen 306 mil; Tulum 50 mil. La mayoría inmigrantes.
Ese crecimiento se debe al turismo nacional y del exterior, que llevó a la entidad 23 millones de viajeros en 2019 y ocupan la principal infraestructura hotelera del país: 105 mil cuartos, de los cuales 38 mil se localizan en Cancún, 42 mil en Playa del Carmen y 8 mil 500 en Tulum. También los que hay en Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos. Se construyen otros 17 mil cuartos. El aeropuerto de Cancún es moderno y el segundo en número de pasajeros. Una autopista de 120 kilómetros une Cancún con Tulum. Esa franja costera es la Riviera Maya.
En este polo turístico predominan las inversiones de grandes consorcios de España y Estados Unidos, sin faltar las del dinero mal habido que extiende sus tentáculos por doquier. De una belleza única pese a tanto daño ambiental y variaciones del paisaje por las obras públicas y privadas, Quintana Roo aparece este año negativamente en los periódicos, la televisión de México y el mundo y en las redes sociales.
Primero, por la represión de la policía de Cancún contra las mujeres que protestaban por los feminicidios que se cometen en dicha entidad y no son castigados; luego, por la muerte de la refugiada salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, asesinada el 27 de marzo pasado por cuatro policías de Tulum. Este crimen ha merecido el repudio unánime en México y el exterior. Las autoridades aseguran que, a diferencia de otros, no quedará impune.
Tulum era el sitio más tranquilo del polo turístico. Pero los dos últimos años la policía del lugar cometió más de 500 actos ilegales contra la población local. El más reciente lo divulgó la televisión el viernes pasado. La víctima, un joven que, esposado, sufre la agresión policial. En cambio, turistas y residentes con poder adquisitivo celebran fiestas en plena pandemia y luego las presumen en las redes sociales. Muestran así la inoperancia de las instancias oficiales. Igual sucede en Cancún y Playa del Carmen.
A lo anterior se sumó la muerte de Leo Luna, de 13 años, en el parque Xenses, del consorcio Xcaret, el más importante y exitoso en su tipo de América Latina, ubicado en Playa del Carmen. Oficialmente se dijo que la muerte del joven el 27 de marzo, se debió a un “error humano” al no activar el personal de Xenses los protocolos de prevención requeridos en estos lugares. Por ese “error” el consorcio apenas pagará una multa de 150 mil pesos.
Si la muerte del joven por negligencia es condenable, también lo es que las autoridades de Playa del Carmen obligaran a su padre, el cardiólogo de Durango Miguel Ángel Luna, a firmar documentos que liberaban de toda responsabilidad al citado consorcio, so pena de no entregarle el cadáver de su hijo. La intención: evitar que esa muerte se calificara de homicidio culposo. Se agrega la falta de equipo de primeros auxilios y de protocolos para actuar eficazmente en caso de accidentes en dicho parque. De esto y otras irregularidades ha informado puntualmente Patricia Vázquez, la corresponsal de La Jornada en Playa del Carmen. Se duda que los propietarios de Xcaret y otros parques temáticos intervinieran directamente para aminorar la gravedad de lo ocurrido. Por eso el caso debe ser investigado a fondo por las instancias correspondientes.
Además de la presencia del crimen organizado, la corrupción envuelve a no pocos servidores públicos de Quintana Roo. El ejemplo más notable por la magnitud de lo que robó es el del ex gobernador Roberto Borge, ahora preso. Pero otros funcionarios hicieron y hacen fortuna en el ejercicio de su cargos y están libres.
La impunidad, el abuso de la fuerza pública, la corrupción y la inseguridad no son la mejor publicidad para el principal polo turístico de México. Y menos si la pandemia merma el número de visitantes que van en busca de sol y playa, admirar los zonas arqueológicas de la Península de Yucatán y disfrutar de la calidez de sus habitantes.
