Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un nuevo amparo en contra del cobro de impuestos federales. Se trata de un caso que data de 2006 por el impuesto sobre la renta (ISR).

En su informe de Estados Financieros Consolidados, la empresa reconoce que tiene este crédito fiscal, es decir un adeudo, por 2 millones 636 mil 429 pesos de ISR no pagado por el concepto de inventario acumulable y pérdidas fiscales.

Aunque la cantidad parece pequeña para el tamaño de la empresa, luego de 15 años de litigios hay que sumarle un interés de 1.47 por ciento mensual, que cobra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en estos casos, más multas y el índice inflacionario de cada año transcurrido.

Este es sólo el ejemplo más reciente de la estrategia de esta empresa para interponer barreras legales contra el pago de sus impuestos, llevándolas hasta sus últimas instancias. Actualmente en la SCJN hay cuatro amparos de Elektra contra autoridades fiscales.

En febrero pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que Elektra ha impugnado ante tribunales el pago de 32 mil millones de pesos en diversos impuestos; la mayoría de estos juicios los ha perdido en primera instancia.

Incluso cuando llegan a la SCJN, Elektra continúa interponiendo recursos que terminan por retardar más la emisión de un fallo.

En este último amparo directo en revisión, el 2497/2018, cuando el caso llegó al máximo tribunal tocó en turno su estudio a Norma Lucía Piña Hernández, quien presentó un impedimento y el expediente pasó ahora a la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Sin embargo, es previsible que Elektra impugne también la nueva asignación de su caso, pues en junio del año pasado, cuando otro de sus amparos, también bajo la ponencia de Ríos Farjat, ya estaba listado para votarse, pidió que la ministra fuera declarada como impedida, debido a que en años anteriores había encabezado el SAT.

Este asunto trata también de ISR no pagado, pero de 2013, por 3 millones 78 mil 721 pesos, más multas, recargos y su actualización conforme a la inflación.

Entrevistado sobre el tema general de los amparos contra el pago de impuestos que diversas empresas han llevado hasta la SCJN, el abogado fiscalista Luis Pérez de Acha afirmó que existía una inercia por llevar hasta la última instancia este tipo de asuntos.

Sin embargo, advirtió que esto será ahora más difícil debido a que la reforma al Poder Judicial Federal da a la Corte la facultad para resolver únicamente los casos que tengan que ver con cuestiones de constitucionalidad y cuya importancia y transcendencia hagan necesario que los ministros lo analicen.

“Hoy la reforma constitucional que se publicó el 11 de marzo deja más claro que serán excepcionales los casos que lleguen a la SCJN después de ser resueltos por tribunales colegiados de circuito”, explicó Pérez de Acha.

El fiscalista señaló que se adopta un criterio similar al de otros países, donde un caso fiscal no es relevante por su monto ni por el nombre de la empresa, sino por su trascendencia, “porque la SCJN debe tener ese carácter, de tribunal constitucional, si no esto se vuelve un juego de nunca acabar”.