Llama la atención el extravío de la democracia en Estados Unidos cuando una minoría en el Congreso puede boicotear las propuestas del presidente Biden para superar los problemas económicos y sociales del país.

El presidente planteó la necesidad de invertir dos trillones de dólares en infraestructura ampliando su concepto tradicional atado al “uso de concreto y acero” para la reparación y construcción de puentes y carreteras. Anunció que pretende darle una nueva dimensión mediante la rehabilitación de escuelas, clínicas y hospitales, ampliación de los programas de vivienda social, conducción y almacenamiento de agua, mantenimiento y ampliación de la red eléctrica y ferroviaria, acceso masivo a Internet, apoyo a los programas de inversión para cuidado del medio ambiente, capacitación de personal para un trato humanitario a quienes cruzan la frontera sin documentos y la creación de un fondo de apoyo a los países centroamericanos para combatir la pobreza. La propuesta cuenta con la aprobación de 80% de la población, según revelan diversas encuestas de opinión y, de acuerdo con numerosos especialistas, es el programa de gasto público más ambicioso en décadas. Garantizará la salida de la crisis derivada de la pandemia y será la plataforma para un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazos. No es una ocurrencia ni tampoco un despilfarro que desequilibre las finanzas del país, como lo ha declarado el liderazgo del partido republicano. Lo acompaña un programa de financiamiento cuya esencia radica en el incremento de 7% en los impuestos de las grandes corporaciones y de 10% de la población que recibe y detenta más de 90% de toda la riqueza del país.

El presidente no paró ahí y la semana pasada develó su intención de incluir en el presupuesto fiscal del año entrante 1.5 trillones de dólares con el fin de ampliar el gasto en la protección del medio ambiente, asistencia para la educación, vivienda social y seguridad. También advirtió que es tiempo de abandonar la vieja conseja de que “el gobierno es mejor con menos gobierno” y añadió que es tiempo de que el gobierno participe con una mayor decisión en todos los niveles de la economía y la protección social.

El reto es avanzar con la mayoría que garantizó al gobierno actual llegar al poder con un margen de cinco millones de votos sobre su oponente o permitir que una minoría “descarrile” la posibilidad del cambio para superar uno de los periodos más obscuros y turbulentos en la historia del país.