El presidente López Obrador anunció que su gobierno “no otorgará nuevas concesiones para explotación minera por la alta cantidad autorizada en el periodo neoliberal”, en el que, sin más, se entregaron alrededor de 120 millones de hectáreas (una tercera parte de ellas en el sexenio de Felipe Calderón), o lo que es lo mismo, cerca de 60 por ciento del territorio nacional a unos cuantos corporativos nacionales y foráneos, quienes, en el mejor de los casos, sólo en él, reparten migajas sin beneficio alguno para esta República agujereada.
Excelente noticia, pero la mala es que fue tal el número de concesiones (50 años, con “derecho” a prórroga por un periodo igual) del régimen neoliberal que transcurre el tiempo y las autorizadas por Miguel de la Madrid (desde 1983) permanecerán vigentes, cuando menos, hasta 2033 y las de Enrique Peña Nieto en 2063, de tal suerte que el daño a la nación está hecho. Eso sí, la Ley Minera (cortesía de Carlos Salinas de Gortari) subraya que la riqueza mineral del país (la que permanece en el subsuelo) “pertenece al dominio directo de la nación”.
El anuncio presidencial (“ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales”) intentaba dar por concluido el festín neoliberal de los neolatifundistas disfrazados de corporativos mineros nacionales y foráneos, o viceversa, pero la realidad –salvo que se renegocien las concesiones– apunta a que esos grupos seguirán saqueando y contaminando a la República. Es tal el poder de esos barones, que, por ejemplo, uno de ellos, el tóxico Germán Larrea, impuso a su abogado como secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) en tiempos del Borolas, lo que no quiere decir que otros por el estilo (por ejemplo, Alberto Baillères, Carlos Slim y los consorcios extranjeros, con los canadienses a la cabeza) no hicieran su luchita por imponer funcionarios y decidir el rumbo del país.
Como en la mafia neoyorquina y con los políticos a su servicio, la famigia de barones de la minería se repartió el pastel de forma muy civilizada: Baillères, zar de la plata; Larrea, zar del cobre; Slim, zar de lo que encuentre en los territorios concesionados; canadienses, zares del oro, y así por el estilo. Por cierto, en 2016 Minera Frisco (del Slim) ordenó el desalojo violento ( bulldozers incluidos) de 80 familias que poblaban Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas, y las despojó de 4 mil 500 hectáreas, porque el subsuelo era rico en oro ( La Jornada Zacatecas ha realizado una extraordinaria investigación periodística sobre el tema), y para ello contó con el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales.
Un año después, Roberto de la Rosa, campesino y líder de los desalojados, documentó que “la mina Ocampo Minning (del Grupo Frisco Tayahua) no tenía antecedentes registrales, es decir, que las escrituras de ésta son apócrifas, sin validez jurídica, por lo que su asentamiento y acciones eran ilegales. La empresa se sigue adueñando de todo el territorio, ha hecho todo de manera fraudulenta” ( La Jornada Zacatecas).
Y lo anterior. ¿a qué viene al caso? De entrada, porque los consorcios mineros que operan en el país han arrasado, pero también porque el anuncio presidencial no pasará de eso si no se toman medidas definitivas para detener el saqueo.
Muestra de ello es la información publicada por La Jornada (Braulio Carbajal): “hace una década, Bacanora Lithium adquirió de un particular los derechos de explotación de más de 3 mil hectáreas en el noreste de Sonora. Para la cesión desembolsó cerca de 7 millones de pesos, un precio de ganga para hacerse con el control de lo que a la postre se reveló como el más grande yacimiento de litio en México, proyecto que, estima la minera, dejará ingresos por mil 200 millones de dólares. Según la empresa minera, ha recibido permiso del gobierno local y los propietarios de los ranchos mencionados para realizar trabajos de exploración”, autorización que, por lo demás, sólo corresponde al gobierno federal.
Las rebanadas del pastel
El panista Jorge Luis Lavalle está feliz, porque en breve tendrá a sus compañeritos blanquiazules en el Reclusorio Norte. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, los candidatos, hasta ahora, son Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y Salvador Vega Casillas.
