Las miles de empresas que operan bajo el esquema de outsourcing en el país tendrán un plazo de tres meses, luego de la entrada en vigor la reforma en materia de subcontratación que se discute en la Cámara de Diputados, para regularizarse y que el verdadero patrón asuma la relación contractual, comentó el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

Recalcó que se trata de una reforma “histórica, visionaria y trascendental”, ya que permitirá acabar con la deformación que se dio en las últimas décadas a la subcontratación para explotar a los trabajadores, a los que se tenía con salarios ínfimos, sin prestaciones, defraudando al fisco y a los organismos de seguridad social y de vivienda.

En el proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados, que se va a votar el martes próximo, se deja claro que cerca de 3.5 millones de trabajadores laboran, de acuerdo con cifras oficiales, bajo el esquema de outsourcing. Lo hacen bajo condiciones injustas que se han agravado durante la pandemia del Covid-19, ya que se desató una serie de despidos masivos, facilitados porque la mayoría son contratados por tiempo determinado.

Por ello, se prohíbe el outsour-cing en la actividad económica preponderante de la empresa y sólo podrán subcontratar personal para servicios especializados o la ejecución de obras especializadas.

En los transitorios del proyecto de dictamen se establece el plazo de 90 días que tendrán los patrones, luego de la promulgación de esa reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), las leyes del Seguro Social y del Infonavit, así como del Código Fiscal Federal y otros ordenamientos para cumplir con las nuevas normas.

Ello significa, precisó el senador Gómez Urrutia, que en esos tres meses los empresarios “deberán autorregularse y van a tener que registrar al personal que realiza actividades preponderantes y que tienen contratado dentro de las nóminas de subcontratistas, pero en adelante lo harán como lo que son, sus trabajadores”.

Ya no podrán darse casos como que los mineros sean contratados no por el dueño de la mina para el que trabajan, sino por una tercera empresa, ni el de trabajadores bancarios subcontratados por otra empresa, no por el banco.

Deberán además darlos de alta en el IMSS con sus salarios reales y las prestaciones que les corresponden, entre ellas el derecho al reparto de utilidades que, según convinieron los propios empresarios, será el equivalente al límite de 90 días de salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que le resulte más benéfico.

Incluir ese ordenamiento, dijo, es fundamental, ya que a través del outsourcing las empresas lograron evadir ese derecho consagrado en la Constitución.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado resaltó que el proyecto de dictamen que está en San Lázaro incluye la figura de “responsable solidario”, que operará en el caso de empresarios que subcontraten las actividades permitidas –es decir, servicios y obras especializadas– y el contratista incumpla con sus obligaciones laborales.

El patrón tendrá que responder a esos trabajadores, que de forma indirecta realizan alguna actividad para su empresa.

“Va a ser un gran reto para las empresas, pero creo que ya se han ido preparando para poder cumplir con la ley”, que incluye además fuertes sanciones, recalcó. Dijo que confía en que los empresarios cumplan con su palabra y apoyen la reforma, ya que durante la reunión que sostuvieron el pasado lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, otras autoridades y dirigentes sindicales expresaron que estaban de acuerdo con la iniciativa.

Confió, por ello, en que la reforma se apruebe la próxima semana en San Lázaro y se remita al Senado, donde se le tendrá también que dar celeridad.