La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) de 2016 puso un candado al endeudamiento de los gobiernos estatales, que ya encontraron la forma de burlarlo. Si bien al cierre de 2019 los estados acotaron la contratación de deuda a largo plazo –lo cual era una de las metas de la ley, pues la adquisición de préstamos estaba descontrolada–, lo cierto es que en ese mismo año 23 entidades pidieron créditos por casi 50 mil millones de pesos con el pretexto de cubrir “insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.

Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esto puede llevar a que únicamente se tenga una disminución en deudas a largo plazo y no una efectiva reducción del endeudamiento, según refiere en informes que son parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019.

Explica que como el concepto de “insuficiencia de liquidez de carácter temporal” no está definido en la ley, “las entidades no cuentan con limitantes en cuanto a la contratación de deuda a corto plazo” y la ocupan para todo: cubrir nóminas y aguinaldos, pagos a proveedores, pagos de factoraje financiero, adeudos fiscales de ejercicios fiscales anteriores, compromisos con el Issste, etcétera.

Los estados que mayor deuda a corto plazo adquirieron para cubrir su falta de liquidez fueron Michoacán, con 6 mil millones de pesos; Chihuahua, con 5 mil 300 millones; Nuevo León, con 3 mil 640 millones; Baja California, con 3 mil 331 millones, y Sonora, con 3 mil 150 millones de pesos.

En tanto, Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, no reportaron haber contratado deuda a corto plazo.

La ASF señala que desde la entrada en vigor de la LDF, Tlaxcala, no adquirió deuda a corto ni largo plazos.

En tanto, nueve estados aumentaron su deuda y dos de ellos, Campeche y Guerrero, de manera significativa, con incrementos de 53.9 y de 46.5 por ciento, en términos reales, respectivamente.

El saldo de las deudas contraídas por los estados ascendió a 603 mil 851.6 millones de pesos, es decir, un 2.8 por ciento menos que en 2016.

La ASF reporta la concentración del financiamiento y las obligaciones financieras en algunas entidades federativas. Al cierre de 2019, se acumuló 51.1 por ciento del saldo total de la deuda pública subnacional en la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, estado de México y Veracruz.

Destaca en el manejo de los créditos contratados que de 2016 a 2019 el monto total de la deuda pública subnacional se estabilizó al no sobrepasar 3 por ciento del PIB. Lo anterior contrasta con el saldo total respecto de las participaciones federales, que al cierre de 2019 fue en promedio del 68.7 por ciento.

Las entidades federativas optaron por reestructurar o refinanciar su deuda; por tal motivo, en 2017, los refinanciamientos representaron 78 por ciento de los créditos contratados en este ejercicio fiscal, y para 2018, ascendieron al 69 por ciento del total contratado.